Si bien el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que ingresará este jueves al Senado será analizado por una comisión especial de 15 senadores, toda la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) comenzará a trabajar de lleno en ese proyecto, en busca de limitar lo más que se pueda el alcance de lo que está planteado allí.

Según explicó a la diaria el senador comunista Óscar Andrade, además de los siete senadores que integrarán la comisión por el FA, los restantes seis trabajarán como apoyo para sus compañeros. “La idea es que quien no integre esta comisión esté ayudando principalmente con las delegaciones”, que serán muchas y de lo más variadas, adelantó Andrade. El legislador dijo que prevé un funcionamiento “full time” de esa comisión, similar a la que se hace cuando se integran la de Presupuesto y Hacienda para tratar las leyes presupuestales, por lo que eso les “restará mucho” de “las salidas a recorrer y discutir con las organizaciones que vienen”.

La oposición ya ha manifestado sus reparos con la ley y plantea tres escenarios posibles para su tratamiento. El primero implica lograr que el Parlamento le saque la “urgente consideración” a la ley, para que pueda ser tratada sin los tiempos parlamentarios que rigen para un proyecto de estas características. Para lograr eso, el FA necesitará un apoyo de al menos seis senadores de la coalición opositora (tres quintos), algo que los legisladores de izquierda saben que no será fácil. “Es un debate necesario y con eso se cuida la institucionalidad, pero no parece probable que se logre”, admitió.

El FA también hará énfasis en cuestionar la oportunidad y legalidad de la LUC, y para esto último, explicó la senadora Liliam Kechichian, se citará al abogado constitucionalista Juan Pablo Cajarville, quien ya advirtió que esta ley sería inconstitucional, junto a otros especialistas.

Si no se logra este objetivo de neutralizar el carácter de urgente consideración del proyecto, el segundo escenario, sostuvo Andrade, es tratar de “despejar parcialmente” la ley, separando de ella aquellos temas que “claramente no son de urgente consideración”, incluso para “poder tratar con mayor calidad las partes más sustanciales del proyecto”. Esto implicaría que se desglosaran artículos que actualmente están en la iniciativa para que fueran retirados o presentados eventualmente como proyectos aparte.

Si esto tampoco se obtiene, el tercer escenario sería buscar “minimizar los impactos” que, según Andrade, la ley tendrá en la vida de la población. La idea será, entonces, “abrir el debate” a la mayor cantidad de organizaciones posibles para que den su parecer sobre la norma.

Si bien el senador dijo que es necesario ir “por etapas”, también aseguró que, de aprobarse el actual anteproyecto “como está”, es “altamente probable” que el FA salga a recolectar firmas para llevar la norma a un referéndum: “Si se privatiza ANCAP [por la desmonopolización de combustibles que establece el proyecto], si se generan enormes riesgos sobre Antel y se restringen las libertades individuales, me parece que es el escenario más probable”.

En cambio, Kechichian prefirió no “adelantarse” a los hechos. “El debate no está dado y en ese caso habría que convocar también a organizaciones sociales”, expresó la senadora, que dijo que “no se puede amenazar” con usar ese recurso.