Veinte recomendaciones del comisionado parlamentario penitenciario para prevenir y abordar el coronavirus en las cárceles

A casi tres semanas de la llegada del nuevo coronavirus a Uruguay, las 26 cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se mantienen sin casos diagnosticados. Tanto el INR como el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) tienen protocolos prontos para actuar en caso de aparición del virus.

“La situación en las cárceles, sobre todo las condiciones ambientales y estructurales, hacen propicia la propagación del virus. Hay acumulación de personas, no hay ambientes ventilados, hay poca luz solar, el acceso a insumos básicos para la prevención, como son el agua potable y el jabón, son limitados”, explica Daniel Márquez, médico y coordinador de Nada crece a la sombra, proyecto socioeducativo y de salud en cárceles, a la diaria.

A estas condiciones se suma la carga de enfermedad preexistente, que es mayor que en el resto de la población. “[Esas personas] están desalimentadas, muchas veces coexisten otras patologías y el acceso a los servicios de salud es deficitario”, agrega Márquez. “Ahora se suma la pandemia, que no ha llegado a la cárcel, pero cuando llegue va a encontrar un ambiente apropiado para la propagación, y las consecuencias que puede traer esta enfermedad son inmensas”.

En caso de que llegue el virus a la cárcel hay que actuar rápidamente. “Hay que pensar en sectores de aislamiento para evitar el contagio. Esto es sumamente difícil, porque si hay un caso detectado esa persona tuvo varios contactos cercanos, por las condiciones de vivienda -por la celda-”, indicó Márquez.

Clasificar a la población de riesgo antes de que llegue el virus es otra recomendación. “Habría que dividir a la población de riesgo en lugares estratégicamente determinados, teniendo en cuenta el delito, los factores de riesgo, la convivencia y la edad de las personas. También es momento para pensar penas alternativas a la prisión”, señala Márquez.

Para Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, “sin duda este es un escenario que nadie imaginaba y que obviamente golpea más fuerte en aquellos sectores más frágiles”. Dijo que “donde el Estado es más débil se sienten los golpes más profundos”, y que aún con un Estado fuerte, “como es el uruguayo, en las zonas más débiles, como son las cárceles, es donde la crisis se atraviesa con especial sensibilidad”. Además, se suma la complejidad que tiene la cotidianidad en una institución total de encierro: “Es una vida compartimentada pero compartida”.

Desde su oficina trabajaron en una serie de recomendaciones para enfrentar esta crisis. La línea central es reforzar el acceso a insumos de higiene, alimentación, limpieza ambiental y elementos básicos para la vida cotidiana, como son los colchones. “Nuestro rol en esta emergencia es monitorear y apoyar esfuerzos para que la convivencia en las cárceles se parezca lo más posible al afuera en cuanto a los recursos de higiene necesarios para enfrentar una emergencia sanitaria”, explica Petit.

Desde la oficina del comisionado están en diálogo permanente con las autoridades para monitorear la llegada de insumos a las unidades. También tienen varias líneas telefónicas para el contacto con las familias. Además, desarrollan una línea de trabajo con el Poder Judicial, en particular con los jueces de ejecución.

“El impacto de esta emergencia es un mal impensado, tanto en la cárcel como para toda la sociedad. Provoca incertidumbre y dolor. Pero también es una enorme oportunidad para ver las debilidades y los problemas. Nos da la chance de reforzar lo que estaba mal y a partir de esto pensar en un nuevo escenario”, explica Petit. Y agrega: “Es una oportunidad que tenemos como sociedad de ver a este sector tan vulnerado y comprender que el sistema penitenciario es un barrio más de nuestra sociedad”.

Las visitas

Las visitas en las cárceles no están suspendidas hasta el momento, excepto en dos de las 26 unidades. La Unidad 1 Punta de Rieles nueva (proyecto público-privado) lo hizo en acuerdo con los delegados de las personas privadas de libertad y la Unidad 6 las pausó por decisión de la dirección.

“Estamos exhortando a las familias a que, en lo posible, reduzcan al máximo las visitas. También lo hablamos con los internos. Sabemos lo importantes que son, en múltiples sentidos, las visitas. Pero es necesario por un tiempo tratar de que sean mínimas”, sugiere Petit.

“Por supuesto que así como exhortamos a las familias a que las visitas sean mínimas, sabemos el impacto afectivo y material que eso tiene, por eso asumimos desde nuestro lugar el rol de monitorear y apoyar el ingreso de insumos”, agregó. La crisis económica también impacta particularmente a estas familias: “El ingreso de insumos de parte de las familias también se ve mermado por el golpe económico que muchos están sintiendo”. Por eso, desde el Parlamento se prevé “acompañar desde el monitoreo para que el Estado refuerce su presencia en los entornos más vulnerados”.