El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, y el vicepresidente, Gonzalo Valdes, concurrieron este viernes a la comisión especial que estudia la ley de urgente consideración (LUC) y entregaron a los legisladores un documento en el que plantean las coincidencias con la iniciativa y además sugieren algunas modificaciones.

Para la ARU no es suficiente la extensión de la legítima defensa que se propone en el proyecto. La gremial sugiere que “se extienda más allá del límite de los galpones, instalaciones o similares, eliminando la referencia de proximidad a la vivienda, en consideración de los riesgos personales o reales en toda explotación agropecuaria”.

En la iniciativa a estudio del Senado, se exime de responsabilidad a quien “defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”. En zonas suburbanas o rurales se considerará como dependencias “los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda”.

En la misma línea

En el documento entregado a los legisladores, la ARU da su visto bueno a varios artículos del proyecto. En materia económica, por ejemplo, la gremial manifiesta su apoyo a la regla fiscal, pero advierte que “el real cumplimiento de esta dependerá de la reglamentación que defina en forma estricta cómo se la instrumentará con alcance a todos los organismos del Estado”.

También se destaca como positiva la derogación de la ley de inclusión financiera, “a partir de la defensa del concepto de libertad de decisión de los actores privados de la economía”, y la “libre importación de combustibles, entendiendo que, en lo inmediato, las medidas deben estar dirigidas a eliminar tasas y subsidios que encarecen los combustibles, afectando la competitividad de la producción nacional”.

Otro punto respaldado por la gremial es el “fortalecimiento” del Instituto Nacional de Carnes. Se destaca la “voluntad” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de “analizar la institucionalidad agropecuaria” y se solicita la participación de las gremiales en ese análisis. Además, se comparten las medidas referidas a la tenencia de la tierra, “especialmente la derogación de regímenes de excepciones a cargo del Poder Ejecutivo”.

En cuanto a los artículos que modifican el régimen de las áreas naturales protegidas, que no cuentan con el apoyo del Partido Colorado ni del Partido Independiente, la ARU manifiesta su coincidencia con la iniciativa de que sean “incorporadas bajo el consentimiento de los particulares o en su defecto a través del mecanismo de la expropiación”. Además, los ruralistas manifestaron su “coincidencia y apoyo” a los artículos de la LUC que establecen prohibiciones a los piquetes y los cortes de la circulación (artículos 491-493).

Otras sugerencias

La LUC crea el Instituto Nacional de la Granja, que sustituye a la Junta Nacional de la Granja. El consejo directivo estará integrado por cuatro titulares del Poder Ejecutivo y cuatro representantes de los productores. A diferencia del borrador de la LUC, que establecía la participación de tres representantes de productores y determinaba que serían designados por la Conferencia Granjera del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural y las Cooperativas Agrarias Federadas, en la actual versión no se detalla qué gremiales serán las encargadas de nombrarlos.

La ARU respalda la creación del instituto, pero reclama su lugar en la mesa del consejo. “Se solicita la representación de la ARU en su directorio, representada a través de su gremial socia, la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, con fuerte representación de productores hortofrutícolas al sur del país. Sin perjuicio de lo expuesto consideramos excesivo el número de miembros del consejo, el cual debería reducirse”.

A su vez, la gremial plantea su discrepancia con la ampliación del ámbito de acción del MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural), que se extiende a Montevideo y centros poblados del interior. “Se entiende que de esta manera se distraen recursos logrados en parte por impuestos a las transacciones rurales, en contrario a los fines con los cuales se creó el instituto y tal cual lo imaginó su creador, el Dr. Alberto Gallinal, interesado en la situación habitacional de los asalariados rurales”, sostiene la ARU en el documento.

La ARU aclara que eso no significa que “no se reconozca que existen viviendas insalubres en Montevideo y otros centros urbanos, pero su erradicación debe ser motivo de preocupación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, quien debe contar con los recursos específicos para tal fin y no utilizar los del MEVIR”.

La mirada del oficialismo

Para el senador nacionalista Sergio Botana, la propuesta de la ARU puede parecer “excesiva”, pero “lamentablemente, con la desaparición de la población rural, la Policía en la campaña y la disminución de la cantidad de trabajadores que pernoctan en las estancias, todo está dejado en manos de Dios”. De todas formas, el senador confía en que lo que dispone la LUC será suficiente para mejorar la seguridad en el área rural: “Yo digo que por ahora sería una exageración, pero mañana podría ser una realidad. Dios quiera que no, Dios quiera que con la legítima defensa en las casas y la Policía rural solucionemos el problema”.

El senador colorado Adrian Peña tampoco comparte la sugerencia de la ARU y recordó que los colorados ya habían planteado sus reparos con la extensión de la legítima defensa en el anteproyecto de febrero y lograron “moderar” su actual versión.