El fiscal de Corte, Jorge Díaz, realizó este jueves una conferencia de prensa en la que anunció que el lunes se condenó a una tercera persona como autora de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el asesinato de Gustavo Barón, frente a un almacén en San Luis, Canelones, en noviembre de 2017. “Es decir, que las tres personas que inicialmente fueron acusadas por la Fiscalía de haber cometido este delito tan aberrante están condenadas por la Justicia y podemos decir que el mundo hoy es un poco más justo”, señaló.

Díaz destacó el trabajo de los fiscales que actuaron en ese caso (Sylvia Lovesio, Darviña Viera, Patricia Rodríguez y Maximiliano Sosa), y recordó que en aquel momento fueron sometidos a “una crítica durísima” a través de los medios de comunicación.

Díaz sostuvo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia es “la demostración del trabajo” que se está haciendo y también de que el Código del Proceso Penal (CPP) “no es benigno”. Luego se refirió a que en dicha “campaña” se “insistía” en que “todo esto ocurría porque el CPP era benevolente, benigno, pro delincuente, ataba de manos a la Policía”, y compartió algunos números sobre personas privadas de libertad.

El fiscal de Corte recordó cuando se decía que “por la aplicación del CPP había muchas menos personas privadas de libertad” y que en consecuencia “los delitos aumentaban”. Acto seguido, consignó que el CPP entró en vigencia el 1° de noviembre de 2017, y hasta esa fecha había 11.005 personas adultas privadas de libertad, mientras que en la actualidad hay 12.116, lo que significa un máximo histórico hasta el momento.

“Por lo tanto, si hay mayor o menor inseguridad, no es porque haya menos privados de libertad. Siempre he dicho que este es un dato que lo tenemos que manejar y nos tiene que ocupar, porque tendremos que ver cuál es la situación de las cárceles y ver si allí se puede rehabilitar a alguien para poder evaluarlo”, señaló. Subrayó que cuando se tomó ese dato y “se pegó y se pegó y se pegó”, diciendo que esa era la causa ‒de la mayor inseguridad‒, ahora se demuestra que no lo era.

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Díaz agregó que “claramente, el sistema de imputación sigue creciendo”, incluso “ante una caída de los delitos, producto del efecto sanitario de la pandemia, a partir del 13 de marzo”, ya que “el número de formalizaciones se mantuvo, por lo cual el porcentaje de delitos aclarados, es decir la eficacia, subió, en términos comparativos”. En las gráficas que se mostraron se subrayaba que “la cantidad de personas imputadas cada mes fue en 2019 32% superior al período anterior a la entrada en vigencia del CPP”. Además, que “en el primer cuatrimestre de 2020 ha sido 17,3% superior, aun considerando la incidencia de la feria judicial mayor y la emergencia sanitaria”.

LUC

Luego Díaz se refirió a las modificaciones del CPP que están incluidas en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC). Resaltó que han estado “muy activos en ese proceso de discusión” y que han sido escuchados “en cada uno de los planteos” que formularon. Señaló que algunos cambios que plantearon se tuvieron en cuenta, pero queda uno: el artículo que habilita el acceso a la carpeta de investigación por parte de los jueces. “Realmente me preocupa, porque eso perfora el sistema y va a tener el efecto contrario al que se busca”, sostuvo.

Agregó que diferentes asociaciones, como la de Fiscales, Defensores Públicos, Jueces y también la Fiscalía, se han pronunciado “en contra de esta modificación”. “Es decir, los operadores del sistema, los que trabajamos todos los días, los que van todos los días al juzgado, los que lo viven y lo sufren, están en contra de esta modificación. Sin embargo, a tambor batiente de otras posturas, de gente que no ha pisado un juzgado penal en los últimos 30 años, se está haciendo esta modificación, con la que nosotros estuvimos, estamos y seguiremos estando en contra”, finalizó.