Resistir el decreto que ataca a la ciencia hoy

El 11 de marzo, dos días antes de que en Uruguay entráramos en esta nueva etapa marcada por la pandemia de covid-19 y la emergencia sanitaria asociada, el Poder Ejecutivo emitía un decreto que en su parte sustantiva fija la ejecución presupuestal del año 2020 en 85% de los créditos comprometidos en 2019 en los rubros de gastos e inversiones. El mismo decreto prohíbe proveer los cargos vacantes al 31 de diciembre de 2019 y permite la renovación de sólo un tercio de aquellas vacantes que se generen durante 2020.

Se trata de un decreto que pretende reducir el déficit fiscal mediante una restricción generalizada del llamado gasto público. Es necesario un análisis detallado que dé cuenta de los problemas que generará su aplicación. En condiciones normales, medidas de este tipo restringen y dificultan la acción gubernamental. Cada sector de la sociedad valora altamente dicha acción cuando la afecta directamente: ello es así ante un problema de sanidad pública o ante una sequía de la producción, por poner dos ejemplos.

El decreto deja fuera de la restricción de suplir vacantes a ciertos sectores del ámbito docente, de la salud y del Ministerio del Interior. Recientemente se informó que se modificó para exceptuar también a las Fuerzas Armadas.¹ Llama la atención que en condiciones de restricción presupuestal se considere más importante no tocar a las Fuerzas Armadas que a la acción social o la promoción industrial. Este país no se encuentra envuelto en ninguna guerra externa, pero tiene importantes emergencias que atender en el terreno social y productivo. Sin embargo, se verán reducidas las capacidades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), o del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Por otro lado, la prohibición de llenar vacantes en ciertos sectores y no en otros no da cuenta de que cualquier acción requiere la combinación de un conjunto de funcionarios. En el ámbito educativo, por ejemplo, no se trata sólo del personal docente, sino del conjunto de funcionarios que hacen que un liceo o una escuela funcionen adecuadamente.

La pandemia y el azar de su aparición de manera simultánea al decreto han puesto sobre la mesa una contradicción sustantiva: justo cuando es más necesaria que nunca la acción del Estado, aparece esta medida que limita su acción.

El artículo 9 de dicho decreto exhorta a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, entre otros, “a adoptar en el ámbito de sus competencias las medidas que en este decreto se establecen”. Nuestra Universidad de la República (Udelar) es autónoma por precepto constitucional, pero se nos “exhorta” a reducir en 15% los gastos e inversiones y a no reponer vacantes. Cabe preguntarse cómo podríamos cumplir con semejante pedido. ¿Qué debemos dejar de hacer, o qué debemos hacer mal, para cumplir con esa solicitud?

La Udelar ha incrementado todos los índices de su actividad. Tomemos por ejemplo sólo algunos indicadores² de los últimos años: en 2009 la Udelar tenía 83.402 estudiantes y 139.830 en 2019; los estudiantes de posgrado eran 6.351 en 2012 y 8.367 en 2019; en 2009 se dictaban 89 carreras de grado, 26 tecnicaturas y 165 carreras de posgrado; diez años después esos guarismos son 98, 46 y 316, respectivamente; el número de egresados de grado se incrementó 23% entre 2008 y 2018³ y el de posgrados 97% en el mismo período; en ese período la Udelar expandió su presencia permanente a buena parte del país, y hoy tiene sedes, además de en Montevideo, en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado. Se podrían mencionar muchos otros indicadores en el terreno de la atención de la salud, la producción científica o la extensión, pero esta muestra ilustra un hecho innegable: su actividad ha crecido de manera muy importante. La valoración que de la Udelar hace la ciudadanía es muy alta, más allá de los numerosos problemas que tenemos y enfrentamos.

Ese esfuerzo se hizo a pesar de que la Universidad no recibió los recursos que necesitaba para ello. Luego de decenios de restricción presupuestal que contribuía a un deterioro de su funcionamiento, el presupuesto 2005-2009 otorgó un incremento del orden de 70% de su presupuesto. Ello permitió lanzar muchas de las transformaciones cuyos resultados vemos hoy. El presupuesto 2010-2014 otorgó un incremento mucho menor y notoriamente insuficiente para las crecientes necesidades de la institución. Un aspecto particularmente nocivo de ese período fue que se otorgó casi la totalidad de los recursos solicitados a dos programas importantes: el esfuerzo descentralizador y el plan de obras a mediano y largo plazo, pero casi nada para el resto de los programas que son fundamentales para casi toda la actividad universitaria (las carreras que transcurren en los servicios en Montevideo, las necesidades del Hospital de Clínicas, etcétera). Señalemos un solo ejemplo: si se modifican los planes de estudio en un sentido democratizador y se amplía el acceso a la Universidad, ello genera en los años siguientes una ola de necesidades que debe ser atendida a medida que avanzan los estudiantes en sus estudios. Pero no hubo recursos para acompañar ese proceso. Si los recursos se restringen fuertemente en ciertos sectores de la institución, se generan tensiones internas y problemas de muy difícil solución. Es por ello que el pedido presupuestal de la Universidad tiene equilibrios internos y visión de largo plazo. En el presupuesto 2015-2019 el incremento presupuestal fue significativamente más reducido y con una característica adicional: se nos dio a cuentagotas, a través de sucesivas rendiciones de cuentas, lo que impidió planificar el uso más racional de esos recursos.

Es decir que el importante crecimiento de la actividad universitaria se ha realizado a pesar de un incremento de su presupuesto mucho menor al necesario y con importantes desequilibrios impuestos desde el gobierno nacional. Como resultado de ello, en algunos sectores de la institución hace más de diez años que no crece el número de horas docentes, existen carreras enteras –necesarias, aprobadas y esperadas– sin financiamiento, se inauguran edificios, imprescindibles y largamente esperados, sin suficiente personal para asegurar su correcto funcionamiento, el proceso de descentralización enfrenta dificultades para consolidarse, docenas de jóvenes investigadores en los que el país ha invertido mucho esperan su ingreso al régimen de Dedicación Total y ante la ausencia de perspectivas consideran emigrar a lugares que les ofrecen mejores condiciones.

Volvamos al decreto mencionado. ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Comprar menos medicamentos o insumos en el Hospital de Clínicas? ¿Cortar las becas a los docentes que están avanzando en sus posgrados? ¿Limitar los insumos para los proyectos de investigación? ¿Parar las obras que están terminándose?⁴ ¿No responder al bienvenido aumento de la matrícula estudiantil?

Cada año, en rendiciones de cuenta transparentes, la Universidad informa sobre la ejecución de su presupuesto y cada año se ejecuta casi 99,9%. No sobra dinero. Decirnos que reduzcamos la ejecución de nuestros recursos significa que algunas de nuestras actividades son prescindibles o que lo que hacemos importa poco. Quizás es una forma de afirmar que lo que se invierte en la educación superior y la ciencia es un “gasto”, como algunos dicen, o un lujo que como país no podemos permitirnos. O no forma parte de las prioridades nacionales, a diferencia de las Fuerzas Armadas.

La restricción a la que exhorta este decreto ya se está aplicando a las instituciones que no gozan de la autonomía que tiene la Udelar, como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Por esa vía afecta ya a parte importante de lo que hace el país en ciencia y tecnología. Se suma al anunciado intento por desviar millones de dólares del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, desfinanciando el fondo FPTA que soporta parte importante de la investigación agropecuaria del país.⁵ Justo cuando la realidad nos grita fuerte y claro que la investigación es fundamental, estamos afectándola. Hay un elemento suplementario que debe considerarse: montar un equipo de investigación y acumular capacidades lleva muchos años, pero destruirlo es un proceso rápido e irreversible. Basta con que un par de investigadores resuelva marcharse del país o que un equipo se disuelva. ¿Vale la pena?

La actual pandemia está mostrando a la vez la importancia de tener una ciencia fuerte y sana, conectada con la sociedad y capaz de tensar sus fuerzas para responder a sus requerimientos.⁶ La Universidad ha respondido movida por una parte esencial de su ser: servir al país. Para ello se ha basado en el acumulado de muchos años, a pesar de las limitaciones presupuestales y de las chicanas. Todo lo que hoy se aprecia: test diagnósticos, sistemas de protección, procedimientos de esterilización, estudios estadísticos y epidemiológicos, asesoramientos de todo tipo, es el resultado de muchos años de acción consciente de la Universidad, es decir de su cogobierno y en uso de su autonomía. El régimen de Dedicación Total que ha permitido formar generaciones de investigadores profesionales fue iniciado y sostenido por la Udelar desde tiempos en que el gobierno nacional la asfixiaba presupuestalmente. A pesar de su importancia central en la construcción de las capacidades científicas de Uruguay, tenemos que seguir insistiendo cada año para que ese programa sea adecuadamente atendido. Ello nunca se logró. Cada vez debimos redirigir recursos, recortar de otros lados para preservar en el país a esos jóvenes que deciden dedicar su vida a la academia en Uruguay a pesar de todo. ¿El gobierno no se da cuenta de que allí está parte del futuro? El cogobierno autonómico, sí. Este ejemplo se replica en muchos otros casos. Por cierto, cuando escribo este artículo, 71 personas aceptadas académicamente por rigurosa evaluación (49 de ellos son grado 2, es decir jóvenes con vocación y capacidades probadas) esperan hace meses que tengamos recursos para asumir la Dedicación Total. Los podemos perder en cualquier momento.

Los universitarios que están dedicando su tiempo y energía a colaborar con el país en la lucha contra la pandemia no piden nada a cambio. Hacen lo que tienen que hacer. Pero el país les da un mensaje absurdo: les reduce brutalmente los recursos y de paso manda una señal muy preocupante respecto del próximo presupuesto. Si esta es la tónica que tendrá este gobierno en relación con la educación superior, la ciencia y la tecnología, es necesario que todo el país lo sepa y que se genere una gran reacción de resistencia. Necesitamos más y mejor educación, más y mejor investigación, conectada con las necesidades del país, y ello requiere hechos. Nadie nos va a regalar nada, sólo tendremos aquello por lo que luchemos.

Gregory Randall es docente de la Facultad de Ingeniería y fue prorrector de Investigación de la Universidad de la República.