Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en Treinta y Tres que el brote de covid-19 en ese departamento determina que Uruguay retroceda “algunos casilleros” en el manejo de la emergencia sanitaria. Se había instalado en muchas personas la idea de que ya estábamos cerca de su fin, y por eso “nos relajamos un poco”, según Lacalle Pou, pero en Treinta y Tres había ayer 24 casos confirmados –que llevaban el total nacional a 42– y casi 40 trabajadores de la salud en cuarentena.

El retroceso implica, entre otras cosas, la suspensión hasta el 3 de julio de las clases presenciales en la capital olimareña; los sindicatos de la educación opinan que la medida se debería adoptar también en el resto de los centros de estudio del departamento. Otros retrocesos tienen menos repercusión pero también son peligrosos.

Los comentarios de la directora territorial del Ministerio de Desarrollo Social en Florida, Mirna Guadalupe, dan la impresión de que no tiene la mentalidad más adecuada para la tarea que se le ha encomendado. Guadalupe afirmó (en declaraciones a periodistas; no se trata de un comentario a la ligera en redes sociales) que conoce a una persona en situación de calle que “no molesta a nadie”, porque vive “en medio del campo”, pero que otras “están drogadas y son peligrosas”, de modo que habría que legislar al respecto con urgencia.

Quiere un retroceso, en el terreno de la “tolerancia cero” al alcohol para quienes conducen vehículos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, a quien no le parece que quien se tomó una “copita de cortesía” esté drogado ni sea peligroso.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, opinó que es necesario un retroceso de las manifestaciones “proselitistas” por parte de los docentes de secundaria, que están “en situación de superioridad psicológica, funcional y simbólica respecto de sus alumnos”. Da Silveira se refería al uso de tapabocas con la inscripción #EducarNoLUCrar dentro de los liceos, y sostuvo que los profesores deben “autolimitarse”, pero lo que ocurre es que los limitaron, con una resolución del Consejo de Educación Secundaria. Según el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, esto “bordea la censura”.

Por último, sería un grave retroceso que se naturalizaran las referencias a escuchas telefónicas, intentos de extorsión a altas figuras del gobierno y gestiones para acelerar pagos estatales. Esos son algunos de los ingredientes que quedaron registrados de una conversación entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino, y hay otros que sería aventurado interpretar, pero que tienen también “apariencia delictiva”.

Cristino parece ser un personaje pintoresco, y tanto en esa conversación como en sus videos hay pasajes risibles, pero esto no significa que haya que tomar el asunto para la chacota. La bancada de senadores del Frente Amplio considera que las explicaciones de Argimón son “insuficientes” y decidió trasladar el audio a la Fiscalía de la Nación, “a los efectos pertinentes”.

Hasta mañana.