Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En estos días, las consecuencias sociales de la emergencia sanitaria alarman más que la covid-19. Ayer no se confirmó ningún caso nuevo, por primera vez desde el 13 de marzo, y aunque esto no significa que estemos fuera de peligro, muestra un panorama menos preocupante que el relacionado con el trabajo y los ingresos de la población.

La famosa curva de contagios puede mantenerse plana o no –hagamos todo lo posible para que así sea–, pero es claro que la curva del desempleo va en ascenso, con más de 200.000 personas en seguro de paro; y que la del salario real va a continuar en baja, por el efecto combinado de la inflación creciente, la reducción de los ingresos empresariales en muchas ramas de actividad, y el lineamiento del Poder Ejecutivo que implica pérdida del poder de compra de los trabajadores para este año.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la necesidad de que los sindicatos prioricen el mantenimiento de los puestos de trabajo, aun a costa de resignar ingresos, pero hay fuertes indicios de que muchos empresarios consideran inevitable que ambas variables empeoren, e incluso piensan que, en algunos sectores, la disminución del salario real debería ser mayor que la que plantea el Ejecutivo. Una de las consecuencias probables e indeseables de la situación actual es que sólo los sectores en que hay sindicatos con mayor capacidad de presión (incluso en las actuales condiciones) puedan lograr mejores resultados en la negociación con las patronales, y se despeguen aún más del resto.

En lo referido al sector público, se reunió por primera vez el Consejo de Negociación Superior, y desde el Poder Ejecutivo se aseguró que hay un compromiso de mantenimiento del salario real.

En esta coyuntura de crisis social, algunos dedican energías a cuestiones que se pueden considerar mucho menos importantes. En el Partido Colorado continúan las disputas entre los sectores Batllistas y Ciudadanos, liderados respectivamente por el senador Julio María Sanguinetti y el canciller Ernesto Talvi, y ahora se centran en la pertinencia de que este último diga o no que el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro es una dictadura.

A su vez, otros expresan que se sienten dolidos por asuntos ajenos al salario y el empleo. Al senador Guido Manini Ríos le molestó que se critique a su partido, Cabildo Abierto, por promover a una paisajista como integrante del directorio del BPS; el cardenal Daniel Sturla se quejó de que el Ejecutivo acepte la reapertura de los shoppings pero no la de las iglesias para realizar misas; y varios riverenses se ofendieron por una intervención radial con intención humorística de Rafa Cotelo.

Manini y Sturla se limitaron a expresar su opinión; en cambio, algunos riverenses, que son también políticos, fueron más allá. El colorado Tabaré Viera anunció que realizará un planteamiento en el Senado sobre lo que considera “un acto de xenofobia y de ofensa como nunca había visto en nuestro país”, y el nacionalista Fernando Araujo presentó una denuncia penal, junto con dos comerciantes de ese departamento.

Hasta mañana.