Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los 26 casos activos de covid-19 en Treinta y Tres funcionan como una señal de alerta para que nadie piense que estamos fuera de riesgo, y las autoridades sanitarias están prestando especial atención a los departamentos de Cerro Largo y Rocha debido a la posibilidad de contagios procedentes de Brasil. Mientras tanto, la política partidaria recupera espacios en forma acelerada.

Los senadores del Frente Amplio (FA) presentarán hoy, ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia penal basada en el ya famoso registro de un diálogo entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino. Según los legisladores, es necesario investigar las menciones a grabaciones de llamadas telefónicas y a intentos de extorsión contra altos jerarcas, porque las explicaciones de Argimón han sido insuficientes y contradictorias entre sí.

A su vez, los ediles del FA en Maldonado cursaron un pedido de informes a la Intendencia de ese departamento para saber si Argimón intercedió para que se le pagara una deuda a Cristino, como le dijo a este que lo haría. El artículo 124 de la Constitución establece que los parlamentarios no deben “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”, so pena de “pérdida inmediata del cargo legislativo”.

Incluso de episodios como este se pueden extraer enseñanzas útiles, y hoy publicamos un interesante análisis de la conversación y de un malentendido que ha dado que hablar. Bien podría titularse “Aprendiendo sobre las peculiaridades del español rioplatense con Argimón y Cristino”.

Las fuerzas políticas se van metiendo de lleno en la campaña para las postergadas elecciones departamentales. El Partido Independiente definió que Juan Carlos Rodríguez ocupará la suplencia de Laura Raffo que declinó Gerardo Sotelo, y hay quienes piensan que una decisión de las nuevas autoridades de ANCAP también tiene que ver con esa campaña.

El ente autónomo le suspendió los suministros de combustible, pórtland y líquido asfáltico a la Intendencia de Salto debido a que esta le debe 21 millones de pesos. La comuna alega que esa deuda se debe a problemas relacionados con la emergencia sanitaria y que hubo una sola reunión para renegociar, tras la cual el directorio de ANCAP resolvió no seguir conversando. Cabe recordar, como dato de contexto, que el gobierno departamental de Salto es del FA.

Por último (siempre por último), la cultura. Entre lo sanitario y lo político, las actividades culturales y artísticas han sido duramente golpeadas en los últimos meses. Las precauciones para evitar contagios han privado a miles de personas de sus fuentes de ingresos, y los partidos uruguayos nunca se han caracterizado por darle una alta prioridad a este sector. Por ahora, sólo se habla de la posibilidad de que en algunos boliches vuelva la música en vivo (que no es, por cierto, la principal actividad cultural del país), y la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, reconoce que la situación es “terrible”.

Hasta mañana.