Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Valga el lugar común: la realidad es dinámica. A fines de mayo nos alarmamos por el brote de covid-19 en Rivera, y ayer fue dada de alta la última persona que seguía enferma en ese departamento, al tiempo que, desde hace poco más de una semana, las mayores preocupaciones se centran en Treinta y Tres.

En el país llegó a haber sólo una docena de casos activos y ayer había 83, pero la situación sigue siendo manejable, y el hecho de que se haya controlado el brote riverense alienta la expectativa de que, si no bajamos la guardia, logremos pasar el invierno sin niveles críticos.

Por lo pronto, ayer se completó el cronograma previsto de reanudación de clases presenciales, salvo en Treinta y Tres y Rivera, por motivos obvios. Todavía estamos en una fase de horarios parciales y asistencia voluntaria, y se irá monitoreando el proceso para decidir cuándo y cómo habrá más avances, no hacia la tan mentada “nueva normalidad” sino hacia la normalidad a secas. Además, recién ahora los docentes evaluarán qué resultados dieron los últimos y atípicos meses, a fin de planificar el trabajo para el resto del año.

La crisis económica y social causada por la emergencia sanitaria está muy lejos de resolverse. El desempleo de abril fue 9,7% (9,2% en Montevideo y 10% en el resto del país), y afecta más a las mujeres (10,7%) que a los hombres (8,9%). A esto se suma la disminución de la actividad en numerosos sectores, y las perspectivas de pérdida de salario real son inocultables.

La cuestión es en qué momento y de qué formas podrá comenzar la recuperación, y esto es lo que se sigue discutiendo en el Consejo Superior Tripartito para la actividad privada. Al PIT-CNT no lo conforman los lineamientos en la materia planteados por el Poder Ejecutivo, que son claros en cuanto a una disminución del poder adquisitivo vinculada con el descenso del producto interno bruto, pero no tanto en relación con la eventual mejoría a partir de 2022. Al estilo uruguayo, se decidió que el tema sea tratado por una comisión.

Hay, a la vez, problemas que poco tienen que ver con la covid-19 y sus efectos sociales. Los funcionarios aduaneros denuncian que militares encargados de la vigilancia de zonas fronterizas están realizando decomisos de mercadería con las actas correspondientes, cosa que es a todas luces ilegal y que podría dar lugar a impugnaciones. El director nacional de Aduanas señaló que esto sucede cuando hay ausencia del personal que debe realizar el procedimiento, y que peor sería que, en esas circunstancias, se permitiera el ingreso de contrabando al país. Es un razonamiento un poco peculiar, que no parece conveniente aplicar en relación con otras tareas estatales.

Y ya que hablamos de personas a las que se les encomienda una responsabilidad y terminan asumiendo otra, señalemos que ese puede ser el caso de Daniel Radío, que fue designado tardíamente secretario nacional de Cuidados, y pasaría a ser secretario general de la Junta Nacional de Drogas. La realidad es dinámica, pero en medio de esta emergencia no parece muy sensato que las tareas de la Secretaría Nacional de Cuidados, ya comprometidas, deban replantearse con un nuevo jerarca.

Hasta mañana.