En sesión extraordinaria y con las barras cerradas al público por la emergencia sanitaria, el Senado comenzó este miércoles a tratar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) remitido por el Poder Ejecutivo, que fue analizado y modificado en el trabajo llevado adelante durante 22 días por la Comisión Especial que estudió el documento, conformada por representantes del oficialismo y la oposición.

De esa discusión se llegó a un texto definitivo, que incluye 476 artículos, y del proyecto original sólo se mantuvieron sin modificaciones 76 artículos de los 501 iniciales, según informó quien fuera vicepresidente de la Comisión Especial, el senador frenteamplista Charles Carrera.

El senador nacionalista Gustavo Penadés, quien presidió la Comisión Especial que analizó la LUC, destacó el trabajo de los senadores de todos los partidos y aseguró que “en las diferencias y en los acuerdos se pudo llevar adelante un trabajo de altísima calidad y de altísima intensidad”.

“La Comisión trabajó durante 22 días, en los cuales 832 veces hicieron uso de la palabra senadores del Frente Amplio [FA] y 520 los senadores de la coalición. O sea que aquí no se puede sostener que no se pudo ser escuchado y debatir”, afirmó Penadés, a la vez que destacó que en el proceso se recibió a 27 delegaciones oficiales, 16 delegaciones de instituciones académicas, 112 organizaciones de la sociedad civil y cuatro organismos internacionales y gubernamentales extranjeros.

“Se ha insistido mucho en los últimos tiempos con que esta no es la urgencia que tiene la gente. Yo entiendo que hay una serie de urgencias que han sido enfrentadas por el gobierno y que han contado con el respaldo de todos los partidos políticos. En esta ley radica lo que para el gobierno se entiende que hay que atender con urgencia”, continuó Penadés.

El legislador del Partido Nacional señaló que la coalición “no tuvo ningún prurito” en modificar o eliminar artículos “cuando no estaban cumpliendo con la estricta vigencia de la Constitución”, como aquellos de carácter presupuestal o inconstitucional. 

Por su parte, Carrera consignó el desacuerdo de su partido con la forma y el contenido del proyecto y recordó que el FA definió votar en general en contra de la ley, con excepción de algunos artículos que se modificaron y en los que se hizo “reducción de daños”. “Nosotros no podemos aceptar que este proceso sea puesto como el paradigma de la democracia. Eso no lo acompañamos. El FA ya definió que va a votar en general en contra de esta ley porque nosotros no podemos consentir esta forma de gobernar y de legislar, no estamos de acuerdo con ello y no lo vamos a consentir con nuestro voto”, expresó.

Carrera afirmó que, al entender de su fuerza política, “no era oportuno que nos abocáramos a discutir este proyecto de ley en un momento en que nuestro país se encuentra sufriendo una pandemia, una emergencia sanitaria declarada sin fecha de cese, con consecuencias en lo social, lo laboral y lo económico”.

En ese sentido, señaló que “en los 487 artículos finales no hay una referencia a la emergencia sanitaria que hoy vive nuestro país”. Las principales críticas al proyecto fueron “la intención de desmantelar y desregular el Estado” y “la política de uso de la fuerza irracional” que el FA considera reflejadas en el proyecto.

Por su parte, el senador colorado Adrián Peña defendió el texto final y aseguró que se trata de “un proyecto mejorado, mejor del que ingresó originalmente”. “Hubo tiempo para escuchar, para tomar nota y para corregir cuando fue necesario. Barrimos todas aquellas inconstitucionalidades o posibles inconstitucionalidades”, sostuvo. Peña afirmó que el Partido Colorado va a apoyar la iniciativa y que “se siente muy representado en esta ley, que es una buena ley para el Uruguay”, además de estar “muy conforme con su participación como protagonista en este debate”.

“Los dos capítulos más importantes, seguramente, por su extensión, son los de seguridad y educación, y vaya que el Uruguay necesita cambios en esas materias”, apuntó el legislador.  “Un tema bien relevante para nosotros era, y es, lo que consideramos una necesaria transformación integral de la educación, que sé que va a ser uno de los temas más polémicos del debate en sala. 64% de los jóvenes de nivel socioeconómico medio-alto que completan la educación media y sólo 13% de los sectores muy bajos que la completan habla de una educación que genera desigualdad, en lugar de ser el mayor factor de equidad, como históricamente lo hizo”, reflexionó Peña, y agregó que “este proceso no es de los últimos tiempos, sino un proceso de deterioro de muchos años”.

Sobre el final de la sesión, el senador colorado Germán Coutinho sostuvo que no votará los artículos de la LUC que refieren al precio de los combustibles, y dijo que debieron aprobarse como venían del Poder Ejecutivo, es decir, con la desmonopolización de ANCAP en su importación. “La desmonopolización debería haber sido pronto, listo y ya, y no debimos haber temido”, argumentó.

En tanto, Sartori destacó los “gestos” de la jornada y dijo que “hay muchas cosas que no son coincidencia en nuestro país”, como que, “con lo que está pasando en Estados Unidos, tengamos a Gloria [Rodríguez] sentada ahí”.