“Es muy fácil hacer parques con la cosa ajena”, protesta Ignacio Gigena, productor de la zona de Paso Centurión, en Cerro Largo. En julio de 2019 esa zona ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Junto con un grupo de 120 productores, Gigena presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra el Decreto 198/019, que delimitó el área natural protegida denominada Paso Centurión y Sierra de Ríos, afectando a aproximadamente 500 padrones en Cerro Largo. Gigena dijo a la diaria que esta decisión del Ejecutivo del Frente Amplio, de “gente que tiene un pensamiento, una ideología y un desconocimiento de las zonas productivas del país”, según sostiene, hará perder juicios millonarios al Estado. “Vienen de Montevideo a justificar el sueldo, con un lápiz agarraron un mapa y partieron padrones como se les antojó”, afirma, en referencia a los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del gobierno anterior.
Gigena fue protagonista de la redacción original de los artículos contenidos en la ley de urgente consideración (LUC) que supeditaban la delimitación de las áreas protegidas al consentimiento del propietario. Legisladores de la coalición gobernante dijeron a la diaria que en ámbitos parlamentarios se mencionó incluso que Gigena redactó estos artículos. Algo similar sugirió el diputado de Cabildo Abierto (CA) Rafael Menéndez este miércoles, en una entrevista con el programa InterCambio de M24, aunque no dio el nombre del productor.
Gigena niega haber redactado el artículo en cuestión, pero admite que, junto con el grupo de productores de Cerro Largo, “le pedimos al actual gobierno que volviese a la ley anterior”, exigiendo el consentimiento de los propietarios para la delimitación de las áreas protegidas. Su legislador de contacto en el Parlamento fue el nacionalista Gerardo Amarilla. “Como gran conocedor del tema, Amarilla fue defensor de esta situación”, apuntó Gigena.
El sector forestal también tiene interés en que la delimitación de las áreas protegidas no sea potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. En marzo de 2019, según informó Búsqueda la semana pasada, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) presentó un recurso de revocación a la Presidencia de la República contra el Decreto 60/2020, que amplió la zona protegida de Quebrada de los Cuervos. Los forestales alegan que se desconoció la competencia que tienen los gobiernos departamentales en la materia. El director general forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) nombrado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, Carlos Faroppa, fue presidente de la SPF hasta su designación.
Marchas y contramarchas
En la Cámara de Senadores, donde se trató en primera instancia la LUC, las disposiciones sobre el SNAP fueron muy discutidas. Finalmente, los legisladores de la coalición gobernante modificaron el articulado original; establecieron que la incorporación al SNAP será potestad del Poder Ejecutivo “en acuerdo con los gobiernos departamentales competentes, en cumplimiento de las disposiciones, instrumentos y principios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes”.
El texto volvió a ser objeto de debate en la comisión especial de la Cámara de Diputados que analizó la LUC, y se introdujo una nueva modificación. La iniciativa que ahora está a estudio del plenario de la cámara establece que el Poder Ejecutivo, “a propuesta del Ministerio de Ambiente” y “en consulta con los gobiernos departamentales competentes”, podrá incorporar territorios al SNAP. Agrega que el plan de manejo de las áreas “se aprobará en coordinación con los gobiernos departamentales y en cumplimiento de las directrices, programas nacionales e instrumentos departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes”.
Este miércoles, en el plenario de la Cámara de Diputados que discute la LUC, CA y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) anunciaron que no acompañarán los artículos referentes al SNAP.
El diputado de CA Eduardo Lust advirtió que estar en una coalición “implica votar lo que la coalición presenta y que fue producto del acuerdo que nos hizo estar en la coalición”, en referencia a que las disposiciones del SNAP no estaban en el pacto original. Además, añadió que son “contrarias” al programa de gobierno de CA. De todos modos, Lust aseguró que su sector ofrecerá “una solución alternativa”.
Por su parte, Menéndez, también de CA, dijo en InterCambio que los artículos sobre el SNAP en la LUC “fueron colgados en el minuto 90” y que por más que fueron modificados, la redacción actual representa una “involución respecto de lo que rige hoy”. “Las intendencias tienen que estar en el desarrollo de las áreas forestales, tanto en la ampliación como en el mantenimiento. Pero no se les puede dejar la capacidad última de decidir si un área ingresa, porque entonces estamos poniendo la política por sobre la ciencia, y eso es muy grave”, consideró.
En línea con la preocupación de Menéndez, Gigena destacó el 4 de junio en el programa Valor agregado, de Radio Rural, que con el articulado de la LUC aprobado en el Senado “las intendencias están en posición de rever esta situación” y que “de repente se puedan achicar estas áreas [protegidas] en su tamaño”.
En tanto, el diputado del PERI, César Vega, afirmó este miércoles en el plenario que respecto de la redacción original de los artículos sobre el SNAP “hay grandes avances”, pero el texto “sigue muy desbalanceado” y les da “demasiado poder a los gobiernos departamentales”. Vega dijo a la diaria que está en conversación con CA, y que si el sustitutivo sobre el SNAP que propondrá este sector político “es bueno”, está dispuesto a votarlo.