Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Se afirma con insistencia que en los gobiernos del Frente Amplio, y especialmente en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), hubo decisiones indebidas en beneficio de correligionarios, y que esto justifica tanto los “ahorros” en el próximo proyecto de presupuesto como la muy promocionada realización de auditorías. Por supuesto, hay que esperar el resultado de las investigaciones correspondientes, y el hecho de que los acusadores incurran en prácticas parecidas a las que denuncian no exime a nadie de culpa, pero la respuesta a un pedido de acceso a la información, presentado al Mides por la diaria, mostró que, en ese ministerio, el reparto de cargos dentro de la “coalición multicolor” se llevó a cabo con desprolijidad y disimulo.

El subsecretario Armando Castaingdebat pidió los pases en comisión de 36 funcionarios, alegando que cumplirían funciones de “asistencia directa” para él, y esto presenta varios problemas.

En primer lugar, cuando Castaingdebat hizo las solicitudes correspondientes, sólo estaba habilitado a realizar cinco. No tenía cómo ignorarlo, porque consultó sobre el tema a la Oficina Nacional de Servicio Civil y esta le recordó las normas vigentes.

En segundo lugar, el propio subsecretario del Mides dijo a la diaria que en realidad esas personas no fueron pedidas para trabajar con él, sino para cumplir otras funciones, en el marco de “la cuotificación política con los integrantes de la coalición” de gobierno.

Luego se aprobó la ley de urgente consideración, y en ella se incluyó un artículo que permite al ministro y al subsecretario del Mides contar con “un máximo en conjunto” de 115 pases en comisión “hasta que se defina la estructura de puestos de trabajo del citado ministerio y se provea la totalidad de sus cargos y funciones”. De todos modos, esa norma no cambió la exigencia legal de que los funcionarios provenientes de otros organismos públicos sean trasladados para cumplir “tareas de asistencia directa” a quienes los solicitan.

Un problema adicional tiene que ver con la transparencia. Apelar a personas pasadas en comisión para que ocupen cargos de dirección departamental y sean asesores de jerarcas puede dar la impresión, a primera vista, de que el Mides está aplicando criterios de austeridad para reducir sus gastos y disminuir sus contrataciones, ya que formalmente los funcionarios trasladados siguen perteneciendo a sus organismos de origen. Sin embargo, resulta que en varios casos aumentan, mediante compensaciones, la remuneración que tenían en sus lugares de trabajo previos.

En esta edición podemos ver otro caso, sin duda mucho más grave, de contradicción entre el discurso y la realidad. El candidato a la Intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, Alberto Loitey, era oficial en el Batallón de Infantería 9, con sede en Fray Bentos, cuando murió allí Vladimir Roslik, debido a las torturas de las que fue víctima. Ahora Loitey dice que Roslik “murió por un paro cardíaco, como muere cualquiera”. También señala que él prestó declaraciones en aquel momento y no fue hallado responsable. Cabe señalar que el proceso fue llevado adelante por la Justicia Militar.

Hasta mañana.