Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La elaboración del próximo presupuesto nacional trae consigo distintos tipos de debate. En algunos, el oficialismo enfrenta resistencias a su intención de cambiar lo hecho durante los últimos 15 años. En otros, se trata de afrontar situaciones nuevas, o de buscar solución a algunas de larga data que los gobiernos frenteamplistas no lograron resolver.

El programa de maestros comunitarios cumple justamente 15 años, y en los últimos meses adquirió especial relevancia en el marco de la suspensión de cursos presenciales, pero se teme que los propósitos de disminución del gasto público lo afecten.

La desconfianza en este sentido no carece de fundamentos, en un escenario en que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, considera pertinente adelantar que, en su opinión, será “muy difícil” asignarle a la Universidad de la República (Udelar) el aumento de presupuesto que esa institución calculó que necesita.

Tampoco es por pura paranoia que, entre las personas vinculadas con la economía social y solidaria, hay más preocupación por la probable hostilidad del nuevo gobierno hacia ese sector que por la emergencia sanitaria, de acuerdo con un estudio realizado por la Udelar.

Es muy distinto el contexto de otras inquietudes. La Sociedad Uruguaya de Pediatría señala desde hace tiempo que el programa de Ayudas Extraordinarias del Banco de Previsión Social, orientado a facilitar el acceso a tratamientos por parte de niños y jóvenes, ha ampliado sus beneficiarios en los últimos años pero aún excluye a parte de la población, e implica por lo tanto una importante desigualdad.

La demanda se vuelve a plantear ahora, y el tema es, por supuesto, de dónde pueden salir los recursos necesarios. Hay también, por supuesto, una cuestión de lo que suele llamarse “voluntad política”, pero esta significa, en definitiva, reordenar prioridades y definir a qué áreas se destinará menos dinero para que otras reciban más.

Lo mismo se puede decir acerca de la iniciativa del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, para que las personas procesadas o condenadas por delitos leves relacionados con adicciones sean derivadas a centros de rehabilitación y no a cárceles.

Es difícil discutir que se trata de una idea muy razonable, que mejoraría no sólo la situación de esas personas sino también la del sistema carcelario, y que traería beneficios para el conjunto de la sociedad. El asunto es que, en el corto plazo, es más fácil y más barato concentrar en los mismos lugares a toda la gente que infringió leyes, aunque luego lo barato salga caro y lo fácil multiplique problemas.

Hay, por último, debates que no se centran en la asignación de recursos públicos, sino en otro tipo de prioridades: las que es preciso establecer cuando existe una clara contradicción entre la salud de la población y grandes intereses empresariales. Este es el caso de las normas sobre etiquetado de alimentos, y dos recientes publicaciones se complementan para ayudar a la comprensión –y refutación– de las objeciones desde la industria.

Hasta mañana.