Desde hace más de cinco años la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) denuncia la existencia de inequidades en el sistema de Ayudas Extraordinarias (Ayex) del Banco de Previsión Social (BPS), que no incluye en el beneficio a ciertos grupos de niños y niñas con problemas de desarrollo y discapacidad, sostuvo en diálogo con la diaria Alfredo Cerisola, neuropediatra y ex presidente de la SUP. En estos años, los pediatras han comprendido que no es sólo una discriminación del BPS, sino que ningún poder ni organismo estatal ha asumido la responsabilidad de garantizar el acceso a tratamientos por parte de los núcleos familiares que no cuentan con el respaldo del BPS. La denuncia recae sobre hombros más grandes: “El Estado está violando el derecho a la igualdad en el acceso a la salud de los niños”, sentenció el neuropediatra.
¿Qué son las Ayex? Son una prestación económica que brinda el BPS, principalmente a niños y jóvenes con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, con el objetivo de aportar a su proceso de rehabilitación y favorecer su inserción social, educativa y cultural. Las contribuciones pueden utilizarse en transporte, fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad, psicología, entre otros tipos de tratamientos, según informa la web del BPS. Las personas que acceden al beneficio pueden recibir tres tipos de ayuda económica: 5.829 pesos mensuales para pagar tratamientos en cualquiera de los institutos habilitados por el banco; 2.839 pesos para transporte de beneficiarios a cualquier tipo de instituto o escuela pública o privada; o 2.839 pesos para los boletos del acompañante del usuario.
¿Cuál es el problema? El acceso al beneficio está restringido a los hijos de trabajadores del sector privado, jubilados y pensionistas de la actividad privada, y a quienes poseen pensiones por discapacidad severa; quedan excluidos los hijos de funcionarios públicos ‒con excepción de los empleados del BPS‒, trabajadores informales, independientes y desempleados. El BPS no brinda ninguna alternativa para los hijos de trabajadores que quedan excluidos de las Ayex. Si sus padres o tutores no puedan pagarlo, “todos los que no están comprendidos no acceden a los tratamientos”, sostuvo Cerisola. Señaló que con estos criterios se genera un sistema desigual para asignar tratamientos que “no tiene ninguna relación con la necesidad del niño o de la familia”, sino que “pasa por otro nivel, que es casi de decisión administrativa o política”. El especialista explicó que el sistema se estableció de esa forma porque se construyó con base en los “beneficios de los trabajadores” acompañando el sistema de Asignaciones Familiares del BPS, pero no la necesidad de los niños y niñas.
Más allá de las denuncias y reclamos ante las disposiciones del BPS, Cerisola aclaró que no hay un “ensañamiento” con el ente y que la SUP reconoce que la responsabilidad mayor es del Estado, porque ni el Poder Ejecutivo ni ningún organismo estatal con competencia han implementado soluciones.
Mucho recorrido
Fue durante la gestión del ex presidente José Mujica (2010-2015) que la SUP empezó a manifestarse por esta causa y se comunicó con la dirección del BPS, pero no obtuvo respuestas satisfactorias, relató Cerisola. En 2015, al iniciar el segundo gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, la SUP se comunicó con las autoridades designadas al Ministerio de Salud Pública –con el entonces ministro Jorge Basso, la subsecretaria Cristina Lustemberg y el director general de la Salud, Jorge Quian–, con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y con legisladores del oficialismo y de la oposición. El objetivo era ponerlos al tanto de la situación que los pediatras observaban a diario en su trabajo y plantearles su reclamo: universalizar la resolución del BPS para que todo niño que tenga indicación de tratamiento acceda a él sin depender de la actividad laboral de su madre o padre. “Todos con los que hablamos lo entendieron y nos dieron la razón, pero después encontrar la solución fue muy difícil”, sostuvo. El tema de fondo, para el neuropediatra, era y es un asunto “económico”. “Alguien tiene que pagar [la ampliación del beneficio]. El BPS nos dice: ‘Nosotros ya estamos en déficit y no podemos asumir esto’, y en el resto del Estado nadie levantó la mano”; tampoco fue incluido en el Presupuesto Nacional “como un rubro especial para que estuviera contemplado en algún lugar”, acotó.
El camino no termina ahí. Tras no obtener resultados positivos, en 2017 la SUP presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). El 23 de octubre de 2018 la institución determinó que en el BPS existe “vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y/o alteraciones en el desarrollo, no existiendo razones para su exclusión de la población comprendida por las Ayex”. Desde ese momento, la INDDHH se encargó de las negociaciones con el BPS para buscar una solución. “Estuvo más de un año realizado gestiones y reuniones hasta que cerró ese proceso porque no había logrado avances”, comentó Cerisola, y añadió que el BPS mantuvo su postura. “La realidad es que la situación hasta ahora sigue siendo la misma”, lamentó.
Nuevo gobierno, ¿nueva oportunidad?
Ante una nueva administración y en medio de la discusión del Presupuesto Nacional, la SUP busca volver a instalar en la agenda las desigualdades del programa de las Ayex. A favor, los pediatras encuentran que el tema fue incluido en el programa de gobierno del Partido Nacional (PN): en el apartado sobre políticas sociales se establece como prioridad la atención a la primera infancia, y entre las acciones a impulsar propone “garantizar el acceso e intervención precoz para niños con retrasos en el desarrollo” para aquellos niños cuyos padres no cuentan con cobertura de BPS, y se refiere específicamente a las ayudas especiales.
Martín Lema, diputado nacionalista y actual presidente de la Cámara de Diputados, había presentado en abril de 2019 un escrito formal al directorio del BPS, presidido en ese momento por Heber Galli, en el que señalaba que el reglamento de las Ayex es “arbitrario y discriminatorio” y exhortaba al organismo a que actuara “con justicia e igualdad, incluyendo en el reglamento a los niños que se encuentran excluidos”. Ahora, desde el oficialismo, Lema afirma que pretende mantener la “misma coherencia” al intentar buscar una solución, y trasladó aquel planteo al actual presidente del BPS, Hugo Odizzio.
En diálogo con la diaria, Odizzio explicó: “Ahora estamos evaluando todo el volumen de estas prestaciones, que hoy son 27.000, más o menos; algunas de estas prestaciones se han otorgado por períodos prolongados, tenemos que analizarlo porque es un universo enorme”. Añadió que con Lema hicieron gestiones informales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “porque lo primero que nos van a preguntar es cuánto es el costo de agregar a todo este colectivo”. “Tenemos que proyectar el gasto que significaría incorporar a un grupo que incluso no lo tenemos del todo cuantificado, porque una cosa es la administración central, otra cosa es si incluye a ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], que es [parte del artículo] 220. La evaluación es muy compleja, sobre todo desde el punto de vista de la población potencial a cubrir”, detalló.
Lema también prefiere ser cauto. Explicó a la diaria que la solución debe ser “viable” y que en el proceso hay que actuar de forma “responsable”, porque “lo peor que podemos hacer es generar una expectativa que con el tiempo se convierta en desilusión”. El diputado recordó que la emergencia sanitaria repercute en lo económico, y en ese sentido, subrayó la importancia de que el BPS “financie una cantidad de prestaciones”. “Si prospera o no [la propuesta de extender las Ayex] no depende solamente de la intención, sino de una serie de condiciones sobre las que se está trabajando”, manifestó.
Odizzio afirmó que “en el gasto global del BPS esta prestación es importante, pero no es la más significativa”: informó que cuesta alrededor de 40 millones de dólares al año. Ese valor es ínfimo si se piensa que el presupuesto del organismo para 2020 ronda los 10.870 millones de dólares (gran parte de él se destina al pago de jubilaciones); la proyección del déficit para 2020 es de 650 millones de dólares.
Un cambio normativo
Ramón Ruiz, representante de los trabajadores del BPS, respaldó el reclamo de la SUP y sostuvo que “eso tiene una explicación desde el punto de vista histórico” por cómo se elaboró esa prestación. Señaló que para ampliar el beneficio se debería hacer una “inversión en más trabajadores” y, por lo tanto, se debería tener “una idea de cuál va ser el impacto para el BPS”. Asimismo, manifestó que es necesaria una modificación en el marco normativo que ampara las Ayex: “Para resolverlo no alcanza con una resolución del directorio del banco. Vamos a tener que trabajar con el Ejecutivo para generar una norma que habilite la ampliación de la cobertura”, dijo Ruiz. “El BPS es un cumplidor de leyes, pero no es el organismo que las aprueba. Muchas veces el problema es que le piden cosas al BPS que por sí mismo no puede resolver”, expresó.
Lema coincidió con Ruiz en que “no sólo depende del BPS”, pero estableció que no es necesaria una ley para cambiar las disposiciones de las Ayex, sino que el cambio puede realizarse por “vía ejecutiva”, y es en ese sentido que el presidente de BPS está articulando con autoridades del MEF y de otras áreas.
Ruiz añadió que “este tema estuvo siempre planteado” durante la administración pasada, pero dijo que no se lograron avances por las limitantes económicas: “Los problemas en el mercado de trabajo, producto del enlentecimiento del crecimiento del producto bruto interno” y los cuestionamientos sobre la “sostenibilidad” económica del BPS generaron que no hubiera condiciones necesarias, puntualizó. Ahora “también hay limitantes económicas y mayores a las de antes, pero estas cosas se resuelven si hay voluntad política” dijo, y destacó que el tema estuvo planteado en la campaña electoral de 2019 y que “quizás hay un compromiso que genere una oportunidad de avanzar”.
Cerisola resumió toda esta situación con una imagen muy representativa. Cuando un niño recibe un diagnóstico por discapacidad o por problemas de desarrollo, se encuentra ante una “bifurcación de caminos”: uno donde recibe un tratamiento adecuado y otro donde no lo obtiene. En los primeros cinco metros –a corto plazo– no se ven muchas diferencias entre los trayectos, dice el neuropediatra, pero luego van apareciendo. En el primer camino, el niño que accede a un tratamiento “logra avanzar”, genera “mejores posibilidades educativas”, “mejores posibilidades de integración social”, “mejores posibilidades de inserción laboral” y “a la larga, menores costos para el Estado”. En el otro, aunque la visión a corto plazo es “estoy ahorrando”, luego las consecuencias son: “Fracaso escolar, el abandono del sistema educativo –seguramente en secundaria–, problemas de comportamiento, falta de integración social”, y en algunos casos un mayor costo para el Estado con “una pensión de por vida”, sostuvo Cerisola. “En esa bifurcación de caminos nos estamos jugando mucho más que el corto plazo, y si no aplicamos los tratamientos cuando es oportuno, todo lo que viene después va a ser mucho menos eficaz”, expresó.