Dijimos en la campaña electoral que la disyuntiva era entre dos modelos: el distributivo e incluyente y el concentrador y excluyente. Queda claro, vean.

Los salarios y las jubilaciones

La principal política del rumbo distributivo es la política salarial. La mayoría de los hogares tienen como ingreso principal un salario o una jubilación, y estas se ajustan en función de los salarios.

El gobierno ha decidido que los salarios reales caigan. Propone no ajustar los salarios en julio (sólo el correctivo del convenio de 2018), ajustarlos en enero o abril 3% (con 1% más a los salarios bajos) y luego un correctivo en junio de 2021 descontando la caída del PBI. Bajo ciertos supuestos, estimamos una caída del salario real en 2020 y 2021 de un orden de 4% a 5%. Y por ende, a año vencido (2021 y 2022) las jubilaciones caerán en un orden similar.

Y esto si en enero de 2021 se cumple la ley (artículo 4 de la Ley de Presupuesto 2010-2015) y dan a los trabajadores públicos 100% del IPC. En la tesitura de ajuste contra los trabajadores de estos cinco meses lo ponemos en duda.

El gasto público

El 11 de marzo se firmó el Decreto 90/20, de reducción de gasto, a lo que se sumaron después duros instructivos de las empresas públicas que repiten el decreto.

Es clara la visión sobre las “prioridades” en el gasto. El decreto reduce 15% el gasto de funcionamiento (a lo que si le sumamos que en la mayor parte de los casos no se ajustó por inflación, es 25% de caída) igual para todos. Da lo mismo reducir en defensa, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la Presidencia, en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el de Vivienda o en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Tenemos un doble efecto: por un lado un efecto recesivo, al reducir la demanda interna (de compras públicas, de empleo, de inversión), y en segundo lugar un efecto de acceso a los servicios sociales.

Y esta es sin duda la antesala del debate presupuestal, en el que ya se anunciaron la continuación de las rebajas.

El empleo

Los impactos sobre el empleo son muy relevantes tanto en personas desempleadas con y sin seguro de desempleo como en desempleados ocultos por retiro del mercado de trabajo. Se estima en 16% la tasa de desempleo si los retirados se hubieran mantenido buscando trabajo.

Por otra parte, los seguros con causal suspensión o parciales vencen entre agosto y octubre, y de no renovarse y sin estímulos públicos relevantes para su reincorporación es posible pensar en un aumento del desempleo visible u oculto.

Y nuevamente efectos circulares sobre la economía, los ingresos de la clase trabajadora y el mercado interno.

La protección de cara a la pandemia

A esta visión estructural sobre bajar salarios y gasto público se agrega la respuesta a los efectos de la pandemia.

Una respuesta avara e insuficiente, basada en pequeñas transferencias a los hogares más vulnerables, tímidas exoneraciones parciales a pequeñas empresas y, como contrapartida, dejar crecer los precios de los alimentos, dejar crecer el dólar y aumentar las tarifas.

Por otro lado se flexibilizó el desempleo, pero eso no compensó la caída del ingreso.

La información del MEF es clara: a junio se gastaron 250 millones de dólares. Sólo 60 millones fueron para reforzar partidas del Mides de tarjetas, canastas y asignaciones familiares.

Otra vez caída de ingresos y de la demanda interna.

Es evidente que el gobierno ha optado por no poner en marcha un círculo virtuoso en la economía, como el que muestra el gráfico; ha optado por el círculo vicioso de la contracción económica y social.

Las explicaciones

No hay duda de que hay un efecto contractivo que viene desde afuera de la economía nacional. Sin embargo, como demostré, las políticas públicas en lugar de amortiguar esos efectos, los potencian y agravan su impacto sobre la desigualdad.

En este 2020 y parte de 2021 el costo mayor lo pagarán los trabajadores, y si hubiera en 2021 recuperación económica será para pocos.

¿Esto es por el déficit fiscal?

No, en ninguna parte del mundo se han puesto restricciones fiscales para expandir el gasto. Por otra parte, la cuestión fiscal incluye análisis de las condiciones de endeudamiento y Uruguay tiene fortalezas construidas en los últimos 15 años.

¿Es porque es necesario el crecimiento (del “malla oro”) para luego distribuir?

No, ya se ha demostrado que esta teoría del derrame no funciona y menos en Uruguay, donde la mayor parte del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas (el pelotón).

¿Entonces por qué es?

No encontramos desde la economía política otra explicación que la ideología económica, la que apuesta al mercado y al Estado subsidiario a sus intereses.

Y al mismo tiempo el interés de clase que se representa, el de la élite empresarial, la que apoyó la ley de urgente consideración, las pautas salariales y el desmantelamiento del Estado.

Esa es, a nuestro juicio, la verdad.