Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La imagen del Poder Ejecutivo, y en especial la del presidente Luis Lacalle Pou, se maneja día a día con criterios de campaña, que incluyen un especial cuidado de la forma en que se presenta cada noticia desde el ángulo más favorable, y se amortiguan u omiten las que no hay modo de embellecer.

El oficialismo hace esto en parte con medios propios, algunos de ellos oficiales y otros orientados a la presencia en redes sociales (donde se desarrollan también tareas de hostigamiento), pero pese a los cambios tecnológicos aún es muy relevante la relación con los grandes medios audiovisuales, en la que se aplica un criterio semejante al del famoso consejo del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez / no le des de qué quejarse”.

No llama demasiado la atención, por lo tanto, la prioridad asignada por el Ejecutivo a su proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA). El contenido de ese proyecto satisface varias demandas planteadas por los canales privados de televisión, al tiempo que elimina disposiciones de la norma vigente, aprobada cuando gobernaba el Frente Amplio.

En un panel realizado ayer, varios académicos especializados en el tema opinaron que los cambios restituyen privilegios, disminuyen la regulación y la fiscalización, y conducirán a que se reduzcan la diversidad de los contenidos, la transparencia y los derechos reconocidos a periodistas y personas usuarias de los servicios.

La negociación entre los partidos oficialistas demoró el trámite de esta iniciativa, enviada al Parlamento por el Ejecutivo un mes después de la asunción de Lacalle Pou, pero ayer se llegó a un acuerdo para comenzar su votación a más tardar en junio, previa redacción definitiva por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El complemento de esta receptividad gubernamental a las demandas de los canales fue señalada en un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo): hay “reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”.

Cainfo expresó, en ese marco, su preocupación por la decisión de Canal 10 de cesar al coordinador del informativo Subrayado, Eduardo Preve, señalando que sería el primer caso en este período “en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”.

La Asociación de la Prensa Uruguaya destacó ayer que la desvinculación de Preve coincidió con una reunión entre Martín Villar, ejecutivo de Canal 10, y “autoridades del primer nivel gubernamental”, y también con el cierre de la negociación de la nueva LSCA entre los canales privados y el Ejecutivo.

Canal 10 respondió con un comunicado en el que niega la existencia de presiones gubernamentales para el despido de Preve y dice ser víctima de una campaña de rumores “torpe e infame”. Pero resulta que, como había señalado APU, el canal y Preve firmaron un acuerdo que obliga a ambas partes a “no hacer referencia alguna” a los motivos del cese, y el comunicado no lo respetó.

Dicho sea de paso, se da la infeliz coincidencia de que ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Hasta mañana.