Este lunes se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en Uruguay no parece haber razones para festejar. Según el 7° Informe de Monitoreo de Amenazas a la libertad de expresión que presentará el 3 de mayo el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), al que accedió la diaria, entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se registró el mayor número anual de amenazas a la libertad de expresión de periodistas desde que se realiza el monitoreo. Hubo 49 casos de amenazas, frente a 26 que se registraron en el sexto informe. La mayoría de ellos (30) consisten en restricciones al acceso a la información pública –Presidencia de la República fue el organismo que más rechazó solicitudes–, pero también hubo ocho casos de agresiones.
Por ejemplo, el periodista Gabriel Pereyra fue amenazado de muerte, la periodista Sandra Canio fue despedida por la dirección de la radio Tabaré de Salto por hacer una entrevista a un dirigente sindical, equipos móviles de televisión fueron agredidos con botellas por personas que participaban en la movilización del Día de la Mujer, y la periodista Iliana da Silva fue víctima de insultos y amenazas a través de las redes sociales, entre otros casos.
Hubo también tres procesos civiles o penales iniciados contra periodistas o medios, y dos casos de uso abusivo del poder estatal. Entre estos últimos, Cainfo ubica la comunicación enviada a los trabajadores de los medios públicos por parte del presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, en que anunció la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes”.
La organización registra además cuatro casos de “marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa”, entre ellos algunas disposiciones de la ley de urgente consideración y del proyecto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual.
En cuanto a los responsables de las amenazas a la libertad de expresión detectadas, en la mayoría de los casos (38) fueron organismos o funcionarios estatales. En dos de los casos reportados hubo componentes de violencia de género.
La organización también analizó casos recientes. “El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve”, menciona el informe, que señala que se enmarca “en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación. Este no es el único caso que ha llegado a conocimiento de Cainfo, pero sería el primero en este período en el que la presión ejercida por los gobernantes tiene como consecuencia el despido de un periodista”, añade el documento.
“Son varios los derechos afectados en este episodio, no solo para el trabajador, sino también para el colectivo de periodistas, ya que este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias”, reflexiona el informe.
El presidente de Cainfo, Fabián Werner, indicó que situaciones como esta podrían derivar en casos de autocensura de periodistas y dijo que, más allá de esta situación concreta, asistimos a un “escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”.
En su informe, la organización menciona también el caso del periodista Aldo Silva, cuestionado por integrantes del oficialismo por sugerir que el presidente Lacalle Pou debería encargarse de anunciar las muertes por covid-19, y el del periodista de la CNN Darío Klein, acusado de “traición a la patria” por la senadora nacionalista Graciela Bianchi por publicar una nota que registraba el aumento de casos de coronavirus en Uruguay.