Familias que viven en Convención y Canelones denunciaron allanamiento y solicitaron apoyo

Este miércoles hubo un allanamiento en un edificio ubicado en Canelones y Convención, que fue alertado por las familias que viven allí mediante un comunicado, en el que solicitaron apoyo.

Se enteraron el martes del allanamiento policial previsto para el miércoles: “Somos cinco familias (más de 20 personas) que desde hace más de 6 meses vivimos en el edificio ubicado en Canelones 906 esq. Convención. Todas y todos fuimos de una u otra manera engañados por nuestra desesperación buscando un techo para vivir, terminamos aquí, pagando y pensando que estábamos comprando una solución habitacional”, expresaron.

Agregaron que “hace cerca de un mes, sin quererlo, fuimos noticia pues en el edificio se nos instaló una ‘boca’ y se realizó un fuerte dispositivo policial”.

Se refieren a que el 22 de abril ya había habido otro allanamiento en el lugar, que fue noticia en distintos medios. En aquella oportunidad Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), dijo a El País que “para el barrio es un foco de violencia, de delitos y de droga. Nuestro interés desde hace meses es cerrar el lugar. Tapiarlo para que no puedan vivir más ocupantes y que deje de ser una boca en un barrio de vecinos, de comerciantes, de trabajo”. Agregó que “en la noche se abre una gran boca de venta de droga donde termina pasando cualquier cosa y donde los vecinos, por supuesto, no quieren tener esa vecindad que se ha creado en los últimos meses”. Sin embargo, en ese allanamiento, que se hizo en abril, no hubo detenidos.

Además del MI, participaron la Intendencia de Montevideo (IM), para evaluar la situación edilicia, y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), por la presencia de niños en el lugar. El propietario de la edificación es un hombre mayor, y la finca tiene los impuestos al día, por lo que no corresponde un desalojo a instancias de la IM.

Bomberos detectó que la vivienda tiene “riesgo de derrumbe”. Por su parte, desde la IM dijeron a la diaria que a pedido de la Fiscalía elaboraron un informe técnico que coincide con el de Bomberos en que la vivienda es inhabitable y tiene riesgo de derrumbe.

Las familias explicaban en el comunicado que el martes, “por medio de INAU y periodistas, tomamos conocimiento [de] que para el día de mañana, miércoles 12 de mayo, a las 8.00 está previsto otro operativo policial, pero esta vez para desalojarnos a todas y todos”. Planteaban que “si bien desde el MI se nos dice que no es así, el temor es inevitable”.

Por eso, “y a efectos de evitar maltratos” convocaron a las 7.30 de hoy, media hora antes de la prevista para el allanamiento. “Estaremos en la puerta del edificio (Canelones 906) para exigir un procedimiento de desalojo en el ámbito civil”. “Invitamos a quienes quieran [a] arrimarse y apoyarnos en esta pelea por una vivienda para nuestras familias y las garantías de no seguir siendo violentadas y violentados”, y planteaban que “previo al desalojo se nos dé una ‘vivienda digna’, como fue recomendado por organismos internacionales y algunos fallos recientes del Poder Judicial [en relación al asentamiento Nuevo Comienzo]”.

Los allanamientos son reservados y confidenciales. Los ejecuta la Policía, mediante pedido a la Fiscalía y sólo bajo orden de un juez, en el marco de un proceso de una investigación penal o ante la presunción de un hecho delictivo. La medida se utiliza para obtener pruebas, cumplir una orden de detención de personas involucradas en hechos delictivos o para incautación, por lo que no se puede alertar el día antes.

Tras el primer allanamiento, Juan Gómez, adjunto del fiscal de Corte, recibió una carta con 450 firmas de vecinos de la zona que denunciaban la presencia de una boca y presuntos hechos delictivos colaterales. Convocó a una instancia interinstitucional el miércoles pasado para abordar el tema. Además de la Fiscalía, el MI y la IM, participaron el INAU, por la presencia de niños en el lugar, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El MI volvió a pedir un allanamiento. La Fiscalía derivó la solicitud al juez, que le hizo lugar, y la instancia se concretó este miércoles, tal como advirtieron las familias que sucedería. También la IM concurrió al lugar, y la conclusión fue la misma: riesgo de derrumbe. Por orden del fiscal Alejandro Machado, la IM tapió la propiedad.

Luego del desalojo forzoso, las familias se negaron a ir a refugios del Mides y a derivar a los niños al INAU “para no separarse”. En el lugar intervino Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la IM, quien se comprometió a “conseguir una solución habitacional”.

El MI informó que se incautó marihuana, pero no se dijo qué cantidad ni si era de origen legal. Si bien trascendió que un adulto y un adolescente habían sido detenidos por esta incautación, la diaria confirmó que no hubo personas detenidas. Se encontró en el lugar una pequeña cantidad de marihuana que era para consumo personal de una adolescente, que al ser menor fue acompañada por su madre. Pero no fueron detenidas ni se inició ningún proceso con ellas.

Jorge Larrañaga, ministro del Interior, dijo en una rueda de prensa que “no se puede premiar la usurpación”. “No puede generar títulos. Si no es muy fácil: yo ocupo un lugar que no me pertenece, me quedo ahí y cuando me sacan reclamo una vivienda”, expresó.

La voz de las familias

En diálogo con la diaria, Jorge Gómez, uno de los habitantes de las viviendas, dijo que intentaron “averiguar en el MI y en la IM cuánto tiempo teníamos para estar ahí, porque ya sabíamos que en algún momento nos íbamos a tener que ir. Pero nunca nos dieron una notificación de desalojo ni el tiempo que teníamos para estar ahí y resolver nuestra situación”.

Explicó que “de casualidad nos enteramos del allanamiento” porque “la gente del INAU llamó para avisar a las familias que tienen niños chicos que hoy iba a haber un operativo”.

Se organizaron para esperar pacíficamente la llegada de la Policía. “Nuestra decisión fue ponernos a tomar mate en la vereda. Permitir el pasaje de los policías que iban a hacer el allanamiento. Para que fuera de la forma más ordenada posible. No como siempre que van a un allanamiento, que se entiende cómo tienen que proceder, pero no queríamos que fuera con forcejeos y demás”, explicó Gómez.

No obstante, ni bien llegaron se produjo una situación de violencia. “Cuando llegaron, les pedí que me mostraran la orden de allanamiento. En ese momento me pusieron contra la pared, me zamarrearon”, contó, y lamentó: “Era justamente lo que quería evitar: el llanto de los niños, que se pongan nerviosos. Quería que me mostraran la orden y que pasaran”.

Contó que también “agarraron a una menor de los pelos y la pusieron contra la pared, y a otro muchacho lo pusieron también contra la pared”. Gómez entiende que “no había necesidad de hacer esto, si van a pasar de todas maneras”, y resaltó que “no era nuestra idea chocar contra ellos”.

“Capaz que no tendría que habérsela pedido y haberles dicho ‘buenos días’ nomás. Pero enseguida me dijeron: ‘Contra la pared’”. “Soy una persona de trabajo. Sé que no sabés lo que tengo detrás de la puerta. Entrás y revisás lo que querés. Bien, ordenadamente, sin forcejear con nadie”, les dijo. “Eso les molestó mucho”, señaló. A Gómez le mostraron la orden de allanamiento “cuando ya habían revisado todo, todos los apartamentos, incluso el suyo”. Cuenta que después de mostrársela lo volvieron a “destratar”.

Después de que entraron, bajó a tomar mate en la vereda. “Y ahí me dijeron que entrara, que ‘no podía estar en la calle’. Otro policía dijo ‘Si está de vivo, llevalo preso’”.

Respecto de la vivienda, dijo que “es cierto que hay una situación de derrumbe”. “Mi apartamento quizás es el que está más comprometido. Y sí, tendríamos que dejarlo, pero no tenemos una solución habitacional hoy en día”.

“Algunas personas ya solucionaron y se fueron”, otras buscaron soluciones temporales y otras se quedaron. Gómez contó a la diaria que ahora tiene una solución momentánea, “que va a ser por un mes, porque no puedo pagar una pensión por 13.000 pesos por mes, que es lo que pude conseguir por ahora”. Y agregó: “Consigo una pensión que con mucho esfuerzo puedo pagar este mes. Pero necesitamos una solución habitacional”.

Explicó que la directora de Desarrollo Social de la IM “está viendo qué se puede hacer”. Los vecinos barajan varias opciones: “Se habló de una casa cooperativa, en la que podamos vivir todos, porque los vecinos ya nos conocemos. Algo que haya que arreglar, que los arreglos los hagamos nosotros. O que haya que pagar impuestos o alguna cuota, una casa abandonada para pagar y que pueda ser una cooperativa”.

Gómez comentó que “tapiaron un par de viviendas que estaban por el lado de afuera”. “Es un edificio que tiene apartamentos arriba, por una escalera, que es donde estamos los que estamos peleando por quedarnos un poco más, hasta que consigamos algo o hasta que nos den algo. Después hay otros apartamentos independientes, por afuera, que fueron los que tapiaron”. Agregó que “se van a tapiar otros apartamentos que están vacíos en el interior de la escalera, donde estamos los que queremos quedarnos para solucionar nuestro problema habitacional, porque no tenemos a dónde ir hoy en día”.

Por ahora, dice que “se van a quedar ahí unos días”. Momentáneamente, como su apartamento está en riesgo de derrumbe, se va a mudar al de su suegra, que queda abajo, que se fue este miércoles.

Finalmente, resaltó otra de las complejidades que emergen en estas situaciones: “No tengo dónde llevar mis cosas y tengo dos gatitos que en la pensión no me los aceptan. No me quiero deshacer de ellos porque son de la familia”.

Para cerrar planteó: “Escuché las noticias, dicen que se sigue comercializando. Eso es totalmente falso. También dicen que los niños están de madrugada solos en la calle. Eso también es falso. Podían estar alguna noche con sus madres, disfrutando del verano. Pero lo que están diciendo es falso”.