Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración (LUC) se cargan de un nuevo sentido, dado que la consulta popular puede volverse una especie de plebiscito a mitad de mandato sobre la gestión gubernamental.

Esos 135 artículos pasan a estar en el centro de lo que el oficialismo debe defender y la oposición debe cuestionar, aunque no abarquen cuestiones que ambos bandos consideran de alta importancia. Parafraseando lo que se decía hace algunas décadas sobre el socialismo, esa parte de la LUC se convierte en el objeto de disputa política “realmente existente”. Al mismo tiempo, muchos temas de la agenda política y social comienzan a ordenarse en función de tal disputa.

Veamos, por ejemplo, la imputación de homicidio a dos policías por la muerte en Durazno de Santiago Cor, un muchacho de 20 años al que persiguieron porque iba en moto con un caño de escape tronador. Cor no se detuvo y, cuando llegó a una curva pronunciada, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Todo eso sucedió hace casi un año. Ahora, el pedido de formalización del proceso por homicidio y abuso de funciones, presentado por la fiscal Bárbara Zapater y aceptado por el juez Jorge Tabares, toma un significado que excede la tragedia inicial.

Zapater señala que, según la Ley de Procedimiento Policial, cada funcionario “debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir”, y que la muerte de Cor fue “consecuencia directa” de una persecución que no era necesaria.

Los imputados no estaban asignados a ningún operativo o control que implicara ocuparse del asunto, y circular en una moto con caño tronador es una infracción administrativa. Para aplicarle a Cor la sanción correspondiente habría bastado con tomarle una foto a la chapa.

El abogado de los dos policías es Andrés Ojeda, quien suma a su desempeño profesional (a menudo muy mediático) la condición de dirigente del Partido Colorado, y es uno de los referentes de esa fuerza política en asuntos de seguridad. Ojeda sostiene que la decisión del juez Tabares es “peligrosa”, porque “si todo lo que le pasa a alguien que está escapando de la Policía es responsabilidad del policía, deberíamos recomendarle al policía no seguir a más nadie, haya hecho lo que haya hecho”. Obviamente, este discurso cobra una trascendencia mayor que si proviniera de un abogado sin actividad partidaria.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sostuvo que no puede entender la decisión judicial y que “alarma” que “una fiscal tome esta actitud que ata de pies y manos a la Policía”.

De paso, y no por casualidad, Heber habló del referéndum contra la LUC, y en particular contra artículos que, en su opinión, son “herramientas fundamentales en el combate a la delincuencia”, como el referido a la “legítima defensa” de los policías. Esto, obviamente, nada tiene que ver con lo que pasó en Durazno, pero el ministro mezcló todo y sostuvo que derogar los artículos cuestionados de la LUC sería “volver a lo de antes” y tener “una Policía estática, que no pueda perseguir a los delincuentes cuando huyen”.

Hasta mañana.