Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Por segundo año consecutivo, la caída del salario real es acompañada por una baja del poder de compra de jubilaciones y pensiones. Esto reinstala una situación que no se producía desde hace muchos años, debido al efecto combinado de la reforma constitucional de 1989 y el alza del salario real, tras la crisis de 2002, durante los gobiernos frenteamplistas.

Durante muchos años el ajuste de jubilaciones y pensiones fue una variable manejada por el Poder Ejecutivo, sin que hubiera mínimos establecidos. En función del estado de las cuentas públicas y de las prioridades gubernamentales en lo referido a desembolsos, el aumento de las llamadas pasividades podía ser inferior al del costo de vida y al de los salarios, y así ocurrió a menudo, hasta 1990.

Un fuerte movimiento social impulsó la reforma constitucional que se votó en forma simultánea con las elecciones nacionales de 1989 y logró una contundente mayoría de 72,5%. Por el resultado de aquel plebiscito, se agregó al artículo 67 el mandato de que los ajustes de jubilaciones y pensiones fueran simultáneos a los de las retribuciones en la Administración Central y no pudieran ser inferiores a la variación del índice medio de salarios (IMS).

Luis Alberto Lacalle Herrera, ganador de las presidenciales de 1989, había apoyado junto a todo el Partido Nacional el “plebiscito de los jubilados”, pero desde el comienzo de su gobierno invocó su resultado como justificación de un ajuste fiscal, e impulsó en varias ocasiones, sin éxito, una reforma jubilatoria (mucho más privatizadora que la aprobada en 1996, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti), con la intención declarada de evitar el aumento del gasto público determinado por la nueva norma constitucional.

Es necesario acotar que los problemas del sistema de seguridad social no fueron causados por la reforma de 1989, y que tampoco se debieron sólo a la muy mentada situación demográfica uruguaya. En años de alta inflación se dispuso que el BPS, creado en 1967, comprara emisiones de deuda pública que perdieron valor con mucha rapidez, y de ese modo se contribuyó a su desfinanciamiento, quitándole recursos para financiar otros gastos del Estado.

En los tres períodos sucesivos de gobierno del Frente Amplio, los aumentos del salario real determinaron, por la mencionada norma constitucional, mejoras de las jubilaciones y pensiones por encima de la inflación. Durante lo que va del actual gobierno, en cambio, el salario real ha caído por efectos combinados de la crisis vinculada con la emergencia sanitaria, la política económica general, la específicamente salarial y un rebrote inflacionario que nos afecta como a gran parte del mundo.

Los ajustes de jubilaciones y pensiones no pueden ser inferiores a la variación del IMS, pero nada impide que sean mayores. Es una decisión del Ejecutivo que hayan perdido poder de compra por segundo año consecutivo al igual que el salario promedio. Aun así, parece seguro que se alegará, cuando se discuta la próxima reforma de la seguridad social, que están por encima de las posibilidades del país.

Hasta mañana.