Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Si las circunstancias políticas hubieran sido distintas, habría existido una pequeña probabilidad de que la iniciativa de reforma jubilatoria fuera elaborada y discutida de otra forma, pero la comisión de expertos creada por la Ley de Urgente Consideración (LUC) demoró más de lo previsto, el propio referéndum sobre 135 artículos de la LUC implicó una dilación, y luego de la consulta popular también se tardó meses en llegar a un anteproyecto de Presidencia y a un proyecto de la coalición de gobierno.

Todo esto determinó que el debate parlamentario haya comenzado sobre el final de este tercer año del mandato presidencial de Luis Lacalle Pou, en el que el oficialismo ha recibido varios golpes duros y todo el sistema de partidos se acerca prematuramente a la lógica electoral. Gran parte de los retrasos en relación con el cronograma inicial se ha debido a discrepancias dentro de la coalición de gobierno, procesadas a puertas cerradas, y no es un logro menor de Lacalle Pou que el proyecto enviado al Parlamento cuente con el respaldo expreso de toda la “coalición multicolor”.

De todos modos, el contexto determina que las discusiones se alejen con rapidez de las complejidades técnicas, para instalarse en el territorio de las simplificaciones y las consignas. El oficialismo alega que la reforma es inevitable para evitar el desequilibrio financiero del sistema, pero en ningún momento ha planteado en forma clara y seria por qué, entre todas las modificaciones posibles, eligió precisamente estas, y no por ejemplo un aumento diversificado de los aportes.

También dice que si se aprueba este proyecto las jubilaciones no van a disminuir, sino que aumentarán. Esto suena muy raro si se tiene en cuenta que la intención declarada es evitar el crecimiento del déficit sin crear nuevas fuentes de ingresos. Lo que ocurre, entre otras cosas, es que el alivio financiero para el sistema está vinculado en gran medida con el aumento de la edad jubilatoria.

Por un lado, durante algunos años de transición los egresos bajarían, debido a que cierta cantidad de personas se vería obligada a postergar su retiro, y los ingresos aumentarían, porque esas personas seguirían aportando. Por otro, y en líneas mucho más generales, los términos del equilibrio pasarían a ser distintos porque la gran mayoría de las personas, después de la transición, aportarían durante más años y cobrarían durante menos.

En este sentido, el oficialismo puede ser víctima de su propia prédica. Hace décadas que destaca la relación entre los aportes individuales y las prestaciones de retiro: si ahora cualquier persona saca la cuenta de cuánto se le propone poner y cuánto sacaría luego (no en porcentajes ni en cifras mensuales, sino en total), puede llevarse una muy desagradable sorpresa.

Del lado de la oposición frenteamplista, los planteamientos también avanzan hacia la simplificación y la consigna. Por ejemplo: si hay voluntad de apoyar que algunas prestaciones mejoren, sería bueno indicar de dónde se quiere que salgan los recursos para lograrlo. Con un poco más o un poco menos de tiempo, no parece que vayamos camino a un debate esclarecedor y fecundo.

Hasta mañana.