La semana hábil comenzó complicada, porque el lunes, un ratito después de que Uruguay perdiera con Portugal en Catar, nos enteramos de que la red delictiva que integraba Alejandro Astesiano, el ex encargado de seguridad del presidente Lacalle, también habría prestado servicios de espionaje y extorsión. El viernes cerró la semana con la agria salida uruguaya del Mundial, que, de un modo u otro, puso fin a la distracción de los problemas locales. Horas antes se había reunido la Cámara Alta para debatir sobre las implicancias de los chats que muestran que Astesiano respondió a solicitudes de vigilancia a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, quienes habían denunciado irregularidades en la concesión del Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie. La sesión incluyó acusaciones cruzadas pero terminó con una declaración de condena.
La información se hizo pública tras una investigación de nuestro compañero Lucas Silva en la que afloró la conexión entre la empresa Vertical Skies (de exmilitares uruguayos) y el encargado de las seguridad de Lacalle, no sólo en torno al uso de recursos estatales para vigilar a los dos senadores, sino también buscando influir en la adjudicación de compras de armas y obteniendo información sobre reuniones reservadas del presidente.
Tras estas nuevas derivaciones, los legisladores y dirigentes oficialistas se debaten entre el apoyo personal al presidente y la distancia de lo que está desencadenando su relación con Astesiano. No sólo líderes de otros partidos de la coalicion de gobierno buscan posicionarse críticamente ante los hechos que se van revelando, sino también alguien cercano a Lacalle, como Javier García, ministro de Defensa, quien comenzó a hablar de “ánimo destituyente”, contribuyendo así a difundirlo, y consideró prudente pausar la compra de servicios a Vertical Skies, que ya había sido beneficiada en cuantiosas compras estatales recientemente.
Públicamente el propio Lacalle también parece escindirse entre la admisión del error y la negación de su magnitud. La controversia lo rodea asimismo debido a la exclusión de sus conversaciones con Astesiano en el material que investiga la fiscal a cargo del caso, a la vez que aparecen implicadas altas jerarquías policiales y que aparece evidencia de que el propio presidente habría hecho uso de los “servicios de vigilancia” para perseguir a exfuncionarios por razones políticas.
Mientras una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana indica que este episodio está afectando fuertemente la popularidad del mandatario, el asunto tiene aristas políticas que resultarían evidentes en otros países de la región y que aquí, como insinuó el ministro de Defensa, apenas empiezan a asomar.
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