La campaña hacia el referéndum del 27 de marzo gana intensidad y comienza a caldearse. Como es lógico, los debates relacionados con los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tienden a ocupar cada vez más espacio. Sin embargo, es útil no perder de vista otras cuestiones que, sin tener relación directa con la LUC, merecen nuestra atención y reflexión.

Una de ellas es el proceso de cambios que se desarrolla en Chile, tanto con la victoria de Gabriel Boric en la elección presidencial como por el avance de los trabajos en la convención constituyente. Y, entre los asuntos que trata esa convención, tienen mucho interés dos iniciativas relacionadas con el deporte.

Una de ellas propone establecer que la práctica de deportes, en un sentido amplio, es un derecho fundamental, cuyo ejercicio beneficioso para la calidad de vida debe ser propiciado en forma masiva e inclusiva, sin centrar las políticas estatales en el apoyo a las actividades de alta competencia (que, dicho sea de paso, no necesariamente son buenas para la salud).

La otra busca revertir la obligatoriedad, establecida por ley en 2006, de que las instituciones orientadas a la práctica profesional de deportes se conviertan en empresas o fundaciones. El modelo de sociedades anónimas deportivas (SAD) es cuestionado porque establece reglas de juego mercantiles, con protagonismo de grandes inversores.

En Uruguay la institucionalidad vinculada con el deporte ha tenido en lo que va de este siglo una evolución con grandes vaivenes. En 2000 el gobierno de Jorge Batlle creó el Ministerio de Deporte y Juventud por motivos muy discutibles, en el marco de la distribución de cargos entre quienes lo apoyaban. La nueva secretaría de Estado se le asignó al hoy fallecido dirigente nacionalista Jaime Trobo, una persona que, más allá de otras valoraciones sobre su trayectoria, carecía de formación y antecedentes en la materia.

En 2005, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, las áreas de juventud pasaron al nuevo Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y las de deporte al de Turismo, rebautizado de Turismo y Deporte. Diez años después, en el segundo mandato de Vázquez, se retiraron de Turismo esas áreas para formar la Secretaría Nacional del Deporte, dependiente de Presidencia.

Durante ese proceso, y pese a esfuerzos muy destacables, la opinión pública ha estado atenta sobre todo a las políticas para la alta competencia, con reiteradas discusiones acerca de la distribución de recursos, en ese marco, entre los deportes con mayor arraigo popular y otros que aún se practican con importantes sacrificios.

Mientras tanto, en Uruguay como en Chile y muchos otros países, la transformación de viejos clubes de fútbol en SAD avanza, sin que el elenco político, los grandes medios de comunicación o el conjunto de la población valoren la conveniencia de considerar en forma crítica los cambios.

Los debates de la constituyente chilena sobre ambas cuestiones merecen ser seguidos con atención, aunque más no sea para recordar que no hay nada de natural o de inevitable en las realidades de hoy.