Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El problema de la inflación se puede ver desde distintos ángulos, y esto determina otras tantas formas de intentar resolverlo. Los debates al respecto en Uruguay no han ocupado el centro de la agenda en los últimos tiempos, porque si bien el aumento de los precios al consumo se mantuvo relativamente alto en la comparación internacional, no quedó fuera de control ni se produjo, como ahora, en un contexto de avance inflacionario mundial, que agrava sus riesgos.

En todo caso, la situación actual es preocupante desde cualquier ángulo, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, reconoció una de las consecuencias obvias, que hasta ahora no había sido planteada formal y públicamente por integrantes del Poder Ejecutivo: es improbable que este año comience a revertirse la caída del salario real, como habían prometido las autoridades.

Mieres dijo esto porque le hicieron una pregunta en rueda de prensa, e hizo bien en no esquivarla, pero es claro que no va a ser él quien decida cómo afrontar el problema. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un papel central en los Consejos de Salarios, pero no determina los lineamientos de la política salarial. Estos son fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de consideraciones que abarcan, entre otras metas, las referidas a los resultados fiscales y a la propia inflación.

Por lo tanto, es razonable que la bancada de senadores del Frente Amplio, para recibir explicaciones sobre la estrategia del Ejecutivo en este terreno, y en particular sobre las recientes medidas transitorias para contener el alza de algunos precios, haya convocado a autoridades del MEF.

De todos modos, las diferencias de enfoque son relevantes. El punto de vista que predomina entre muchos economistas es que el nivel relativamente alto de la inflación uruguaya se debe en gran medida a la indexación de la economía. Esto significa, en otras palabras (muy antipáticas para gran parte de la población), que los ajustes de salarios y jubilaciones no deberían compensar, a posteriori, las subas de precios.

Esta manera de ver la cuestión destaca que, en realidad, la exoneración del IVA a algunos artículos por un mes o dos no va a impedir que vuelvan a subir luego, y ni siquiera va a mejorar en forma significativa el poder de compra de los salarios, aun si se traslada por completo a los precios (cosa que no habrá forma de asegurar).

Para quienes llegaron a posiciones de gobierno por la vía política y dependen de la aprobación ciudadana no es viable plantear las cosas de esta manera, decirle a la gente que se resigne y sostener que si los salarios y las jubilaciones aumentaran más, el problema inflacionario se agravaría.

La gran mayoría de las personas piensan que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver problemas como el actual, suelen irritarse si les dicen que tal expectativa es una nefasta ilusión populista, y aún más si las exhortan a dejar de lado sus demandas al Estado, adoptar una actitud emprendedora y tratar de enriquecerse por sus propios medios. Muchos sospechan que pocos pueden lograrlo.

Hasta mañana.