El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en una rueda de prensa que debido al contexto actual de suba de la inflación existe “riesgo” de que la recuperación salarial comprometida por el gobierno se postergue. El Poder Ejecutivo había planteado comenzar en 2022 a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, y dentro de ese plan uno de los factores con los que contaba el gobierno era que la inflación tuviera una trayectoria a la baja y alcanzara el rango meta establecido –entre 3% y 7%–, algo que no parece viable dada la situación actual.

La propuesta firmada el año pasado a nivel del Consejo Superior Tripartito –trabajadores, empresarios y gobierno– indica que este año comenzaría la recuperación salarial, que terminaría en 2024 cuando se alcance el mismo nivel previo a la pandemia. Al ser consultado sobre si el alza de la inflación amerita adelantar el inicio de esa recuperación, el ministro de Trabajo aseguró que la pregunta es “al revés”: “Más que adelantar, el tema es ver qué hacemos para impedir que se postergue. El riesgo que tenemos hoy es que, con los niveles de inflación existentes, esa pauta que teníamos de empezar a recuperar el salario real en el correr de este año empiece a estar entre signos de interrogación”, afirmó Mieres.

Las palabras del jerarca fueron recibidas con “enorme preocupación” en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. El director del centro de formación e investigación de la central sindical, Milton Castellanos, dijo a la diaria que ya habían advertido, cuando el gobierno planteó el diseño de la recuperación salarial, que “era riesgoso” que se dependiera de que la inflación aumentara en las previsiones del “famoso rango meta”, y que “si eso no sucedía la caída iba a ser más pronunciada, y cuanto más pronunciada sea, mayores dificultades para recuperar”.

El dirigente sindical resaltó que esta baja “es preocupante, porque el salario es fundamental para las familias y los hogares uruguayos: 70 y pico por ciento de los ingresos de los uruguayos es salario, y tiene incidencia en las jubilaciones y las pensiones [que ajustan anualmente por el índice medio de salarios]. Eso sigue en cadena y afecta al mercado interno y el movimiento de los pequeños comerciantes”, evaluó.

Según Castellanos, ahora el gobierno tiene “un desafío que no estaba al principio en sus planes, que es cumplir con lo que ha dicho en muchas oportunidades, yo diría que hasta el cansancio, de que la pérdida del salario real ocurrida en estos años se iba a recuperar en esta administración”. Además, Castellanos consideró que no cumplir el compromiso de recuperar salario en el plazo previsto “va a generar problemas serios”, porque “el año que viene deberían haber aumentos por arriba de 10%”, incluyendo los puntos de recuperación y la diferencia entre lo previsto por el gobierno –que determinó el ajuste salarial– y la inflación efectiva. “¿Qué empresario está dispuesto hoy a dar un ajuste de más de 10%?”, se preguntó Castellanos. Por lo tanto, señaló que la única forma de conseguir esa recuperación es a través de un correctivo que se dé este año y surja de la negociación tripartita.

Para Castellanos, cumplir con la recuperación salarial prometida debería ser una prioridad para el gobierno: “Un tema que no estaba quizá en los primeros lugares de la agenda hace más de un año ahora se tiene que empezar a priorizar, porque si no la caída [del poder de compra] va a ser importante”, alertó.

Respecto de la propuesta del Frente Amplio de convocar a los Consejos de Salarios con pautas que incluyan la recuperación del salario, Castellanos consideró que “todo instrumento o herramienta que vaya por ese lado es posible” y que “no está fuera de las posibilidades”. Asimismo, advirtió que la conflictividad laboral puede aumentar si no se cumple con el compromiso, dado que “siempre los problemas salariales son los que más motivan a la gente o más le preocupan. Los conflictos más grandes, en general, han sido por los puestos de trabajo o la pérdida de salario”.

Metas demasiado ambiciosas

La economista Alejandra Picco, coordinadora del Equipo de Investigación Económica del Cuesta Duarte, sostuvo que el anuncio de Mieres “era esperable”, dadas las metas de inflación planteadas por el gobierno en el diseño del cronograma de recuperación. A su entender, hay tres elementos que explican la encrucijada en la que se encuentra hoy el gobierno: en primer lugar, “el haber tenido una meta tan ambiciosa, tan desalineada con la realidad, incluso en ese momento, antes de las presiones de la guerra”, en segundo lugar, “insistir en que todos los convenios incluyeran esa meta y no otra estimación de inflación que capaz que podía ser más realista”, y en tercer lugar, “insistir en que los correctivos se dieran recién al final del convenio, es decir, a los dos años [mitad de 2023], y que no hubiera instancias intermedias de corrección, o incluso colocar cláusulas de salvaguarda o gatillo”.

“Las metas de inflación del gobierno antes de que tuviéramos estos conflictos internacionales, que hicieron que la inflación repuntara, ya eran muy ambiciosas”, aseguró Picco, con base en que ya en 2020, “a poquito de que asumió el gobierno, nosotros llegamos a tener una inflación a 12 meses de 11%”, entonces, “plantear que para 2021 la inflación iba a estar” dentro del rango meta “era muy ambicioso”.

Para Picco, no se debió incorporar en la negociación colectiva las metas del gobierno, sino indicadores “más realistas”, como por ejemplo las estimaciones del Banco Central en la encuesta de expectativas.

Ante esto, la economista propone “anticipar los correctivos un año” para “todos los que negociaron a mediados del año pasado y que a mediados de este año van a cumplir un año de convenio”. Aunque reconoció que esto “puede generar nuevas presiones inflacionarias, en la medida en que los empresarios trasladen esos aumentos salariales a nuevos incrementos de los precios”, señaló que “quizá esos aumentos o anticipos de los correctivos deberían venir con algún compromiso o algún ordenamiento de parte del gobierno en cuanto a la suba de precios”.

Asimismo, para los no asalariados y hogares de menores ingresos, se deberían incrementar “de manera importante” las transferencias, “porque en la medida en que lo que más sube son los precios de los alimentos, son un sector que se va a ver muy afectado”, agregó.

“El principal problema es que cuando los empresarios ajustan salarios al alza, después ajustan los precios y no necesariamente en la medida en que subieron los costos. Es lo que pasa en los procesos inflacionarios: los que tienen la posibilidad de aumentar los precios remarcan al alza”, explicó Picco.

“Un brete”, según de Haedo

El economista Javier de Haedo –director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica y quien asesoró en economía al Partido de la Gente en la última campaña– coincidió con que el gobierno se encuentra “en un brete” debido al contexto inflacionario y la caída del salario real. En un hilo en Twitter, señaló que “en los próximos meses se verá actuar a la indexación y la recuperación salarial, principales causas del mantenimiento de una inflación establemente alta en nuestro país, en el eje de 8% desde hace años”, y que “el gobierno debe ser muy cauteloso ante esta situación”.

El analista añadió que “los convenios recientes, sumados a la inesperada aceleración de la inflación, hacen casi imposible que la inflación pueda bajar significativamente”. Como prueba de esta encrucijada, señaló que “si se ‘tocan’ los convenios, habrá reaceleración inflacionaria más temprano, y si se deja todo como está, habrá una arruga en la alfombra creciente en los próximos semestres”. “Están en un brete. No les será fácil salir de él. Sin innovaciones en la política salarial, que es la misma de los gobiernos anteriores, no cabe esperar resultados diferentes: inflación alta permanente. Y con más tasa de interés y menos tipo de cambio no se contrarresta. Y puede tener daños colaterales”, reflexionó.