Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer tuvo fuertes repercusiones la información de que el Hospital Policial ha brindado, en este período de gobierno, servicios médicos a varios jerarcas del Ministerio del Interior (MI), de Luis Alberto Heber para abajo, y a familiares de estos.

No sólo hubo intensos intercambios en redes sociales, sino que además presentó su renuncia uno de esos jerarcas: nada menos que Luis Calabria, director general de Secretaría, quien ocupaba desde los tiempos de Jorge Larrañaga ese cargo, que es el tercero formalmente en la cúpula, pero se parece más al segundo en la cadena de mandos, ya que, como en los demás ministerios, el subsecretario no tiene más responsabilidades que las que el ministro le puede asignar o quitar.

El alboroto era previsible porque hasta ayer el oficialismo, con el Partido Nacional (PN) al frente, se había empeñado en destacar como una cuestión política de primera magnitud que el senador frenteamplista Charles Carrera, cuando ocupaba el mismo cargo que Calabria, haya autorizado la asistencia en el Hospital Policial a una persona que quedó parapléjica hace diez años debido a un balazo, que en su opinión partió de la casa del entonces subcomisario de La Paloma (aunque la Justicia no ha considerado que haya evidencia de esto). También se le dio mucha trascendencia al hecho de que, cuando Carrera era director general de Secretaría, su pareja de entonces se haya atendido en el Hospital Policial.

Tras los programas de televisión, los comentarios en internet, la denuncia penal, las investigaciones internas en el MI y la decisión de impulsar una comisión preinvestigadora en el Senado, adoptada por el PN y los partidos Colorado y Cabildo Abierto, lo de ayer fue como el violento regreso de un búmeran. Sin embargo, parece necesario mantener cierta perspectiva y no confundir las prioridades.

Las normas que regulan quiénes pueden recibir asistencia del Hospital Policial admiten distintas interpretaciones y, dado el rumbo que tomaron los acontecimientos, a esta altura le corresponde al sistema judicial determinar si Carrera, Heber, Calabria y otras personas hicieron o no algo indebido. En otro andarivel, estrictamente político, que Calabria haya decidido renunciar y que Heber haya quedado (nuevamente) en una situación comprometida son consecuencias de la ofensiva oficialista contra Carrera y no deberían regocijar a nadie, porque complican aún más la posición de las autoridades del MI, en una coyuntura especialmente difícil.

Los problemas más importantes y urgentes de ese ministerio tienen que ver hoy con la alta cantidad de homicidios durante el año en curso, y con la obvia ineficacia del plan secreto para reducirlos que, según se anunció hace tres meses y medio, fue presentado por Heber al presidente Luis Lacalle Pou y respaldado por este.

Esta cuestión, el ajuste de planes anunciado anteayer y los cambios en las jerarquías policiales están en el centro de la agenda, y, sin menospreciar lo que está hoy en manos de Fiscalía, resulta lamentable que su atención por parte del MI se vea comprometida por la guerra de guerrillas partidaria.

Hasta mañana.