Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Nadie sabe todavía si las objeciones de Cabildo Abierto al proyecto de reforma jubilatoria presentado por el Poder Ejecutivo son sólo una presión para lograr concesiones en otros terrenos, o si determinarán que esa iniciativa naufrague o se tenga que aprobar con modificaciones. Es una de las grandes incógnitas políticas de este año.
Por ahora el proyecto que el Senado aprobó a fines del año pasado se sigue tratando en una comisión especial de la Cámara de Representantes, y en estos días se discute lo referido a la “convergencia” (gradual y manteniendo algunas diferencias no menores) de los actuales sistemas para militares y policías hacia un régimen común con el resto de la población.
También está planteada la convergencia para las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios, llamadas paraestatales, pero las situaciones son distintas. La de Profesionales Universitarios es la que tiene problemas más acuciantes, y aunque sus autoridades se avinieron a las propuestas del Ejecutivo, el proyecto de ley correspondiente ingresará al Parlamento después de que termine el tratamiento de la reforma general.
En todos los casos, la convergencia planteada implicaría la disminución de beneficios actuales, y no sorprende que haya quejas y resistencias. En general, las personas no opinan que su régimen jubilatorio les brinde prestaciones demasiado altas, ni que sean demasiado bajos los aportes que realizan o la edad mínima a la que pueden retirarse.
Por el contrario, lo habitual es que la gente rechace la idea de que tiene privilegios, y que sus ventajas en comparación con quienes desempeñan otras actividades le parezcan totalmente justificadas, o incluso menores que las que deberían existir. Esto no es siempre cinismo o autoengaño.
Muchos trabajos implican esfuerzos, desgastes o riesgos extraordinarios, que son motivos razonables para considerar si corresponde un régimen más benigno. Pero además de la disconformidad de quienes se verían directamente afectados por el proyecto del Ejecutivo, hay muchas otras personas que cuestionan la iniciativa porque la convergencia planteada les parece insuficiente, demasiado lenta e injusta para otros sectores de actividad, que también podrían recibir beneficios especiales pero nunca los tuvieron.
El problema es que la construcción histórica del sistema de seguridad social no tuvo un plan maestro integral desde el inicio. Al igual que el de salud y varios otros, se ha ido articulando a partir de procesos muy distintos, que en algunos casos reflejaron, consolidaron y aumentaron desigualdades sociales, en otros respondieron a la organización exitosa de colectivos para mejorar su situación, y en otros se debieron al interés estatal en forjar lealtades (en Uruguay, como en muchos otros países, los oficiales del Ejército y sus deudos estuvieron entre los primeros beneficiados por sistemas de pensiones).
Queda muchísimo por discutir como sociedad, para esta reforma o para la próxima, acerca de quiénes y por qué merecen un tratamiento distinto, y sería deseable que en el debate se hiciera presente aquello de que los más infelices sean los más privilegiados.
Hasta mañana.