Además de la contención del gasto público, el otro argumento central de la reforma jubilatoria refiere al “principio de igualdad”. El gobierno propone la creación de un sistema previsional común para que en el futuro todo el conjunto de trabajadores formales aporte en iguales condiciones. La unificación abarca las tres cajas paraestatales: Profesional, Bancaria y Notarial. Pero, aún a la espera de la aprobación en el Parlamento –recién empezó la segunda parte de la discusión en la Cámara de Diputados–, el proyecto ya contiene excepciones al pretendido igualitarismo del nuevo régimen previsional.

En términos generales, las nuevas reglas de la reforma marcan la suba de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años; la consideración de los mejores 25 años de trabajo para el cálculo jubilatorio, en vez de los últimos diez o los mejores 20, como permite el régimen vigente; la disminución de la tasa de reemplazo –relación entre jubilación e ingresos– de 55% a 45%, y una convergencia de los sistemas del Banco de Previsión Social (BPS), las cajas paraestatales, las Fuerzas Armadas y la Policía en un sistema previsional común.

Asimismo, la reforma impone la obligación de aportar en un régimen mixto: 10% para el BPS y 5% para una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), hasta los salarios de $ 107.589. Arriba de ese monto, 15% va para las AFAP. Esto supone una novedad para los afiliados a las cajas paraestatales, quienes actualmente sólo aportan al régimen de solidaridad intergeneracional, no al régimen de ahorro individual obligatorio.

“Las tres cajas paraestatales presentan problemas financieros y eso no ocurre por primera vez en la historia de cada una de estas instituciones”, dice el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Las cajas paraestatales no desaparecerán en caso de aprobarse la reforma, pero sus afiliados deberán adaptarse a las nuevas reglas.

La realidad de las cajas paraestatales

Al igual que la Profesional y la Notarial, la Caja Bancaria es una persona jurídica de derecho público no estatal. En teoría, el Estado no debería asumir ninguna responsabilidad por sus obligaciones financieras. Hoy los afiliados a la Caja Bancaria acceden a una jubilación común a los 60 años de edad con 30 años de aportes. La tasa de aportación es de 17,5%. La de reemplazo, de 50%. Para el cálculo jubilatorio se promedian los últimos diez o los mejores 20 años de trabajo, lo que sea más conveniente para el trabajador.

El diagnóstico elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) sostiene que la Caja Bancaria “se encuentra en una situación de déficit operativo por aproximadamente una década”, que podría revertirse en 2034 gracias a un “enlentecimiento del ritmo de crecimiento de las jubilaciones” y un aumento de la recaudación del organismo vinculada al nivel de la actividad económica.

Mucho más acuciante es la situación de la Caja Profesional. Actualmente, sus afiliados acceden a la jubilación común a los 60 años de edad con 30 años de aportes. La tasa de aportación es de 16,5%. Para calcular el monto de la jubilación se consideran los últimos tres años de actividad profesional, con una tasa de reemplazo de 50%. Sin embargo, todo esto seguramente cambie antes de la implementación del nuevo régimen previsional.

El Poder Ejecutivo tiene previsto aprobar de manera “exprés” un proyecto de ley para tapar –parcialmente– el agujero de la Caja Profesional, que al parecer agotará sus reservas en 2024 si no hay cambios en el corto plazo. El gobierno está trabajando con base en un anteproyecto elaborado por el directorio de la institución, que incluye el aumento de la edad mínima de retiro a 65 años; la suba de la tasa de aportación a 19%; la baja de la tasa de reemplazo a 45%; y el incremento de las asignaciones computables para el cálculo jubilatorio a 18 años. Según el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se trata de una reforma “puente” para que la Caja Profesional “se ponga en una situación de continuidad” antes de “engancharse” al sistema previsional común.

A diferencia de la Caja Bancaria, las proyecciones de la CESS para la Caja Profesional son siempre deficitarias. “El diseño vigente de beneficios y financiamiento” del organismo, se sostiene, “cumplió su ciclo”.

Distinto es el panorama de la Caja Notarial. La institución de los escribanos presume de jamás haber recibido asistencia del Estado desde su creación en 1941. Para ello, fueron necesarios varios ajustes. La última reforma fue en 2019 y estableció como requisitos mínimos para jubilarse el “coeficiente 95”, esto es, 65 años de edad y 30 años de aportes –lo normal– o 60 de edad y 35 de aportes; una tasa de aportación de 18,5%; una tasa de reemplazo de 50%; y un promedio de los 30 mejores años de trabajo para el cálculo jubilatorio. Esto último, a modo de excepción, se mantendría en caso de aprobarse la reforma.

No sería la única excepción. A pedido de Cabildo Abierto, la coalición de gobierno analizará en la Cámara de Diputados un tratamiento especial para la Caja Notarial. El fundamento principal es que el organismo no tiene las “urgencias financieras” de las otras dos cajas paraestatales, aunque “las estimaciones indican un agotamiento de las reservas entre el año 2036 y 2041”, según dice el proyecto del Poder Ejecutivo.

Las críticas de los afiliados

Las tres cajas paraestatales administran los fondos previsionales de “colectivos pequeños y homogéneos”, cuyos sectores de actividad están sujetos a “dinámicas muy específicas”, lo que supone “una fuente adicional de riesgo”. Las citas forman parte del diagnóstico de la CESS, que alerta sobre posibles “crisis sectoriales” –ocasionadas, por ejemplo, por tecnologías “ahorradoras de mano de obra”– que afectarían la viabilidad de las cajas paraestatales; y, a fin de cuentas, el desequilibrio financiero recaería en el resto de la sociedad.

Por eso, la CESS recomienda “un régimen uniforme” para “todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen”, de modo tal que “todos los uruguayos tendrán un régimen jubilatorio diseñado sobre la base del principio de igualdad”.

La Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) tiene discrepancias al respecto. Su presidenta, Jenifer Alfaro, dijo a la diaria que aplicar el principio de igualdad “no implica tratar a todos por igual”, sino “reconocer las diferencias”. “La Caja Notarial es un sistema ejemplar. ¿Por qué igualarlo a un régimen general? ¿No es mejor dar el mensaje de premiar a quien administró su libertad responsablemente, a quien actúa responsablemente sin pedirle ni un dólar al Estado? No puede ser que por la idea de incluir a todos se llegue al extremo de incluir [en la reforma] a una caja saludable”, afirmó.

Durante el tratamiento de la reforma en la Cámara de Senadores, el directorio de la Caja Notarial cuestionó el pasaje obligatorio de sus afiliados al régimen mixto. El vicepresidente del organismo, Marcelino González, comentó que al menos “sería conveniente” postergar el ingreso al sistema mixto para que puedan apreciarse “las buenas perspectivas que se han dado con el régimen vigente que ha sido reformado últimamente”.

Respecto del régimen de ahorro individual, Alfaro agregó que el Estado “va a tener que poner plata” para “cubrir los déficits que genera la Caja [Notarial] por el cambio a un régimen mixto”. “Eso es un hecho, es una compensación que ya está calculada en más de 900 millones de dólares”, apuntó.

Por otra parte, la presidenta de AEU criticó que la reforma “altera la tasa de reemplazo” de las futuras jubilaciones de los escribanos, aunque aclaró que no es posible aseverar que habrá una caída generalizada de las prestaciones; “depende del nivel de ingresos que se tiene y además, por supuesto, de los resultados de las inversiones individuales que se van a realizar”.

En diálogo con la diaria, Pablo Andrade, secretario de finanzas de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), fijó el costo de la transición de la Caja Bancaria al régimen mixto en 1.500 millones de dólares a cargo del Estado. “El enfrentamiento principal [con la reforma] es pasarse a un régimen de ahorro individual, un cambio de modelo que implica una rebaja muy importante de las prestaciones. No estamos de acuerdo porque consideramos que el sistema de reparto es más eficiente”, expresó.

El representante de AEBU indicó que para acceder a la misma jubilación que hoy permite el régimen vigente “el trabajador tendría que trabajar hasta los 68 años con 42 años de aportes”.

Andrade también apuntó contra el principio de igualdad pregonado por la reforma. Mencionó que el proyecto prevé mantener en 17,5% la tasa de aportación de los afiliados a la Caja Bancaria, en contraste con el 15% dispuesto para el régimen general. “Si yo equiparo a dos trabajadores que aportan distinto y les pongo el mismo cálculo jubilatorio, con uno de los dos voy a estar siendo injusto. En la práctica, los trabajadores y las empresas bancarias aportan casi el doble de lo que aporta el resto del sistema al BPS”, manifestó. “Estás unificando lo diferente”, subrayó.

En un documento presentado ante la Cámara de Senadores, la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU) pronosticó que “las jubilaciones por el régimen proyectado se reducirán aproximadamente en un 28%”; en tanto, las “expectativas” en torno al régimen de ahorro individual “de ninguna manera lograrán absorber esa diferencia”.

La AACJPU afirmó en el documento que la reforma del gobierno “vuelve a insistir con un régimen mixto que se inició en 1996 como solución a los problemas de seguridad social”. Sin embargo, 27 años después “nos encontramos nuevamente en el mismo problema” y ante “argumentos similares”, como el aumento de la esperanza de vida o el progresivo envejecimiento de la población; en aquel entonces, “se llegó a decir incluso la mayor expectativa de vida de las mujeres”.

Caja Bancaria Caja Profesional Caja Notarial Reforma
Régimen vigente Régimen “puente”
Edad mínima de retiro 60 60 65 65 65
Tasa de aportación (no se modifica) 17,5% 16,5% 19% 18,5% 15%
Tasa de reemplazo 50% 50% 45% 50% 45%
Años para el cálculo jubilatorio 10 últimos o 20 mejores 3 últimos 18 últimos 30 mejores (no se modifica) 25 mejores

En caso de aprobarse la reforma, los afiliados a las cajas paraestatales aportarán a un régimen mixto de solidaridad intergeneracional y ahorro individual obligatorio.