Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La semana pasada comenzó una polémica que brinda la oportunidad de exponer argumentos acerca del lenguaje inclusivo o el incluyente (que no son lo mismo). Sin embargo, por el momento está bloqueada la posibilidad del debate constructivo, sustituido por una confrontación en la que no interesa escuchar a nadie.

Claudio Rama propuso exponer su obra Vidas encajonadas en el Centro de Documentación y Difusión de las Artes Escénicas, ubicado en el teatro Solís, y la propuesta fue aceptada. Meses después le llegó una comunicación institucional en la que se le planteó que el teatro solicita que las propuestas artísticas que se programen en sus espacios “aborden una perspectiva inclusiva”, y que esto implica “la actualización de los textos de la propuesta artística”.

El artista solicitó sin éxito una entrevista con la directora del Solís, Malena Muyala, no logró que le dijeran qué querían que cambiara y decidió denunciar la situación en el semanario Búsqueda, que publicó una nota sobre el asunto el 7 de este mes. Desde entonces, se han difundido varios alegatos sobre la libertad de expresión, con sentencia previa contra la IM por totalitarismo, censura, arbitrariedad, macartismo, filofascismo y violación de la Constitución y de tratados internacionales. Rama reclamó que interviniera la Institución Nacional de Derechos Humanos y que la intendenta Carolina Cosse destituyera a Muyala o por lo menos le iniciara un sumario.

El principal resultado ha sido la confirmación de juicios previos, también llamados prejuicios, sin aprendizaje alguno. Hay gente que ratifica su oposición a lo “políticamente correcto”, la “ideología de género” y las autoridades de la Intendencia de Montevideo, mientras que otra ve en la denuncia una ofensiva reaccionaria, antifeminista y antifrenteamplista. Intentemos abordar la cuestión de otra manera.

Los que escriben, sean artistas o no, tienen derecho a decidir libremente si utilizan o no el lenguaje incluyente. Este busca que, si la afirmación antedicha no se refiere sólo a los varones, digamos que quienes escriben tienen ese derecho, que lo tienen las personas que escriben o los hombres y las mujeres que escriben, o que el derecho les corresponde a les que escriben, lxs que escriben o l@s que escriben.

Cada opción tiene pros y contras. Cualquiera de ellas puede atentar contra la claridad, la concisión o la elegancia de las frases, y las dos últimas no son pronunciables. Se siguen explorando formas, y está por verse si alguna se naturaliza al punto de ganarse un lugar en lo aceptado como normal. No sería la primera vez.

La decisión de usar o no el lenguaje incluyente no sexista es un acto político. Por lo tanto, no corresponde imponerla, erradicarla, defenderla ni atacarla con argumentos de autoridad, apelando a lo que opinan la Real Academia Española o el Congreso de Intendentes.

En este caso, lamentablemente, no se recorrió el camino de establecer hechos e intercambiar opiniones con respeto, facilitar la comprensión de lo que piensa cada parte y brindar elementos a la ciudadanía para que cada quien opte por la práctica que mejor le parezca. Sólo así será posible que nuestras vidas e ideas estén menos encajonadas.

Hasta mañana.