Hoy es 3 de octubre. Faltan 24 días para las elecciones nacionales.

La lista de los temas relevantes que no son abordados en la campaña electoral es larga, y algunas noticias nos recuerdan que hay que ampliarla, aunque parezcan lejanas. Veamos hoy una que tiene que ver con las Fuerzas Armadas.

La desdichada situación de Haití persiste desde hace décadas, y sus manifestaciones actuales incluyen una crisis alimentaria que afecta a casi la mitad de la población de 12 millones, la violencia de grupos criminales que controlan gran parte del territorio, el desfinanciamiento de los programas sociales, 700.000 personas desplazadas y una precariedad alarmante de las instituciones.

Sobre esto último, basta con decir que en 2021 el presidente Jovenel Moïse fue torturado y asesinado en su casa, y que desde entonces se prolonga un período de transición muy accidentado, cuyo hito más reciente fue la renuncia en abril del gobernante interino Ariel Henry, luego de que un ataque de pandillas en el aeropuerto de la capital impidió su regreso de un viaje.

En 2004, cuando el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado y se exilió, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó una intervención con el propósito declarado de lograr un “entorno seguro y estable” para el respeto de los derechos humanos y un proceso de consolidación democrática. Uruguay participó en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (o Minustah, acrónimo de su nombre en francés) desde su creación hasta su cese en 2017, que se produjo sin el logro de aquellos objetivos y con notorios retrocesos.

Además, la Minustah tuvo responsabilidades en un brote de cólera que mató a más de 10.000 personas en 2010, e integrantes de esa fuerza multinacional estuvieron involucrados en casos de explotación y abuso sexual, con cientos de víctimas adultas e infantiles. Un caso que nos tocó de cerca fue el de Johnny Jean, denunciante de violación por parte de militares uruguayos en 2011.

La participación de Uruguay en contingentes de “cascos azules” de la ONU comenzó en Cachemira en 1952, aumentó desde 1982, en dictadura (cuando se envió un grupo numeroso al Sinaí), y desde los años 90 se desarrolló en forma sistemática, incluso con cursos de preparación específica por los que han pasado más de 10.000 personas.

Se puede discutir largamente sobre las “misiones de paz” de la ONU, pero es bastante claro que la presencia uruguaya en ellas ha tenido en gran parte motivos económicos. Se parecen al famoso “servicio 222” de la Policía para instituciones privadas, pero en el plano de las relaciones internacionales y con la diferencia de que no sólo les reportan beneficios económicos adicionales a las personas movilizadas, como contrapartida de riesgos a veces graves, sino también a las Fuerzas Armadas como tales, aunque en este terreno habría que afinar las cuentas para establecer si, en términos globales, se gana o se pierde dinero.

Ha primado un razonamiento estrecho. Ya que tenemos militares, en una cantidad desproporcionada respecto de nuestra cantidad de habitantes y de su teórica necesidad, buscamos tareas en que ocuparlos y que puedan atraer reclutas. Quizá algún día los partidos encaren esta cuestión en forma franca y firme.

Hasta mañana.