Hoy es 18 de octubre. Faltan nueve días para las elecciones nacionales.

Las víctimas uruguayas del terrorismo de Estado que siguen desaparecidas son muchas, porque la búsqueda de restos depende de excavaciones palmo a palmo en grandes predios militares (que no son el único lugar donde pueden estar), sin que quienes saben lo que pasó hablen o faciliten el acceso a información. Las movilizaciones para reclamar verdad y justicia son enormes desde hace casi 30 años, pero el tema no ha tenido relevancia en esta campaña electoral ni en otras anteriores. Da la impresión de que una gran cantidad de personas cree que se hace todo lo que se puede, y vale la pena preguntarnos si eso es cierto.

Se ha insistido mucho en la demanda de que sucesivos presidentes de la República, en ejercicio del “mando superior de todas las fuerzas armadas” que les otorga la Constitución, ordenaran que la información fuera entregada. Esto tendría significado como gesto de compromiso presidencial, pero lamentablemente parece poco probable que una orden de ese tipo se vaya a cumplir. Y hay que pensar qué correspondería hacer al día siguiente.

El candidato del Partido Nacional a la presidencia, Álvaro Delgado, se reunió ayer con integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Tras el encuentro, Delgado dijo a periodistas que el actual gobierno “hizo lo necesario” y que “la información que fue viniendo de los mandos militares se fue remitiendo como insumo para la búsqueda de eventuales cuerpos”. Cabe acotar que esto no ha dado ningún resultado: los hallazgos en este período se dieron simplemente por el avance previsto de las excavaciones.

Quizá sería mejor que toda la población tomara conciencia de que quienes mantienen un pacto de silencio siguen violando la Constitución, como en la dictadura, pero es obvio que el problema no consiste en que, por desidia, ningún presidente les haya mandado que rompieran ese pacto.

Si el esclarecimiento de los delitos dependiera únicamente de que los culpables confiesen, serían muchísimos más los impunes. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ha logrado, por ejemplo, avances de gran importancia en casos de homicidios y torturas mediante la aplicación de criterios de investigación profesionales. Entre ellos, el de relacionar las denuncias con la revisión de quiénes tenían mando en las unidades correspondientes cuando ocurrieron los hechos. En los casos de personas detenidas desaparecidas, este tipo de procedimientos no lleva al fin tan deseado de hallar restos, pero hay otros caminos.

La burocracia y los juegos de poder internos en los servicios de inteligencia produjeron mucha documentación. En 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, logró acceder a una gran cantidad de archivos que todavía estaban en una dependencia militar. En octubre de 2015, la jueza penal Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro dispusieron que se allanara la casa del exoficial de inteligencia Elmar Castiglioni, donde hallaron decenas de cajas con datos muy valiosos.

¿Se ha hecho todo lo posible para encontrar documentación oculta sobre lo que se hizo con los restos de personas detenidas y desaparecidas? Es difícil asegurar que sí.

Hasta el lunes.