Hoy es 25 de octubre. Faltan dos días para las elecciones nacionales.
Desde las 00.00 de hoy, los “medios de difusión escrita, radial o televisiva” deben abstenerse de “cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral”. Se debería discutir con seriedad una revisión de esta norma, pero mientras la veda esté vigente corresponde respetarla. Lo que sí se puede hacer es reflexionar sobre problemas generalizados, cuyo señalamiento no beneficia ni perjudica a ninguno de los partidos en competencia por el gobierno nacional.
En esta edición, varias especialistas opinan sobre las prioridades y urgencias para el próximo gobierno en relación con la violencia de género, la autonomía de las mujeres y la distribución desigual de las tareas de cuidados. Las tres áreas tienen en común que, si bien es posible y necesario seguir avanzando en el terreno de la legislación y la coordinación institucional, Uruguay podría lograr mejores resultados sólo con las normas y orientaciones ya establecidas si destinara recursos adecuados para su cumplimiento.
Lo mismo sucede en otros terrenos de gran importancia, que van desde muy diversas políticas sociales hasta la prevención del lavado de activos y la corrupción, pasando por las tareas del Poder Judicial, las de cuidado del ambiente y muchas más. En más de una ocasión se ha prometido “gastar mejor” para lograr desempeños estatales de mayor calidad con el mismo desembolso, e incluso con uno menor, pero la experiencia muestra que, aun con niveles más altos de eficiencia, es preciso gastar más. La cuestión es de dónde deben venir los recursos.
Anteayer publicamos un interesante artículo que, con apoyo en los resultados de una encuesta encargada por el Instituto de Economía a la Usina de Percepción Ciudadana, analiza dos tendencias contrapuestas en las personas consultadas. Por un lado, la mayoría expresó preocupación por los niveles de pobreza y desigualdad en Uruguay, y opinó que el Estado debe aumentar los impuestos a las personas con mayor ingresos para mejorar la situación de las más pobres. Por otro lado, una mayoría aún más significativa consideró que en nuestro país los impuestos ya son altos o adecuados.
No hace falta hacer encuestas para sospechar, con muy poco temor a equivocarse, que casi nadie se percibe como parte del grupo al que hay que cobrarle más impuestos. Esto determina que, al diseñar las campañas electorales, la gran mayoría del elenco partidario decida abstenerse de anunciar que quiere subir la carga tributaria y prefiera decir que la mantendrá en sus niveles actuales o la reducirá, reiterando la promesa incumplida de lograr más con lo mismo e incluso con menos. Otra estrategia, en algunos casos, es afirmar que será posible resolver grandes problemas sociales con medidas que sólo afectarán a un puñado de personas muy poderosas.
A nadie le cae mal la idea de que la economía crezca y sea posible recaudar más con los impuestos actuales, pero esta situación, sin duda deseable, no llegará en el corto plazo que marcan nuestras urgencias. Sería muy saludable que el sistema partidario reconociera los datos de la realidad para ayudar a que la ciudadanía también los reconozca.
Hasta el lunes.