Hoy es 22 de noviembre. Faltan dos días para el balotaje.
A fines de 2022, activistas de ultraderecha instalaron campamentos cerca de varios cuarteles del Ejército brasileño para reclamar que los militares impidieran la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador del balotaje de ese año contra el entonces presidente Jair Bolsonaro. Las movilizaciones fueron azuzadas por la difusión masiva en redes sociales de acusaciones de fraude electoral y otras noticias falsificadas.
Fue muy preocupante que se permitieran aquellos reclamos de un golpe de Estado, que se mantuvieron hasta que Lula fue investido como presidente, el 1º de enero de 2023, y también después. Sin embargo, una gran cantidad de analistas desdeñaron la posibilidad de que detrás hubiera un plan viable.
El 8 de enero de 2023, miles de personas atacaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia con las mismas expresiones de apoyo a Bolsonaro, las mismas acusaciones de fraude y la misma demanda golpista. Luego se comprobó que había un vínculo orgánico entre aquella asonada y los campamentos previos, pero el incidente les pareció a muchas personas apenas un acto disparatado. Lo vieron como una imitación del grotesco asalto al Capitolio estadounidense dos años antes, realizado por seguidores de Donald Trump que querían evitar la asunción de Joe Biden y lo acusaban también de fraude.
Desde entonces, la Policía Federal brasileña hizo una investigación ordenada por el Poder Judicial, que ha acumulado evidencias contundentes. Había un plan, y no fue cosa de unos pocos fanáticos improvisados. Lo impulsaron altos jerarcas estatales, incluyendo al propio Bolsonaro y al general Walter Braga Netto, quien fue su ministro de Defensa y su compañero de fórmula en 2022.
Braga Netto utilizó datos de inteligencia en una conspiración para asesinar a Lula, al actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral (TSE). Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, fue investigado por sus responsabilidades en el ataque del 8 de enero de 2023, y en su casa se halló un decreto ya redactado para intervenir el TSE y anular la victoria de Lula en el balotaje.
Todo esto es muy grave y señala que la democracia es amenazada, en Brasil como en otros países, por grupos extremistas que cuentan con grandes recursos y están coordinados entre sí. Pero hay otro dato alarmante: grandes cantidades de personas están convencidas de que las investigaciones y las acusaciones son parte de una gran conspiración contra Bolsonaro, impulsada por poderes ocultos contra los que creen que lucha su líder, junto con Trump, el argentino Javier Milei y otros presuntos defensores de “la gente común” y “los valores tradicionales”.
En Uruguay nos disponemos a votar, lejos de esos extremistas pero no tan lejos. Es crucial que, con independencia del resultado de este domingo, se fortalezca el compromiso de seguir resolviendo en forma democrática nuestras diferencias.
Hasta el lunes.