Hoy es 6 de noviembre. Faltan 18 días para el balotaje.

En el marco de la campaña hacia el balotaje, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi asumió el lunes compromisos para mejorar la situación de quienes integran la Policía. Era previsible que, también en el marco de la campaña, se le saliera al cruce desde la coalición que apoya a su adversario nacionalista, Álvaro Delgado, pero no que lo hiciera el ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

El jerarca escribió en su cuenta de X un alegato de fuerte tono partidista, con varias contraposiciones en términos de “ustedes” y “nosotros”, alegando que los gobiernos del Frente Amplio (FA) “jamás” respaldaron a los funcionarios policiales. “Nosotros –concluyó Martinelli– queremos a nuestra Policía Nacional, estamos orgullosos de ella, y todos sabemos que ustedes no”. Su tuit fue un resumen, en menos de 1.300 caracteres, de lo que no debe hacer una persona que ocupa su cargo.

La fuerza policial cumple una función muy importante al servicio del Estado, no de un partido o una coalición en el ejercicio transitorio del gobierno. El ministro del Interior comete una peligrosa insensatez al plantear públicamente que sus subordinados quedarán en peligro si el FA gana las elecciones.

El intento de partidizar a la Policía es un error contumaz del actual oficialismo, que fomentó la misma polarización entre “ustedes” y “nosotros” desde el primer día, al restituir en las jerarquías policiales a “su” gente de confianza, reinstalando con ella prácticas profesionalmente anticuadas y éticamente cuestionables.

La historia de Uruguay no es larga en escala internacional, pero casi 200 años tienen o deberían tener un peso considerable. El actual Ministerio del Interior se ha convertido en un organismo básicamente policial, pero sucede al Ministerio de Gobierno, uno de los apenas cuatro iniciales, que tenía a su cargo todo lo que no fuera relaciones exteriores, fuerzas militares o manejo de la economía. De él dependían las “jefaturas políticas” departamentales, antecesoras de las actuales jefaturas de Policía, pero con competencias muchísimo más amplias, que incluían las de las actuales intendencias.

La Corte Electoral fue creada recién en 1924, y hasta fines del siglo pasado el Ministerio del Interior aún difundía datos parciales del escrutinio primario en las jornadas electorales. Todo esto determina una larga tradición que carga de responsabilidad a este ministerio en lo referido a las garantías del sufragio, básicas para que cumpla con su mandato legal de asegurar “el libre ejercicio de los derechos individuales”.

A quienes integran el Consejo de Ministros no les está prohibido, por supuesto, realizar declaraciones públicas de carácter político. Sin embargo, por prudencia y respeto del prestigio institucional, durante las campañas, un ministro del Interior debería mantener actitudes de sobria neutralidad, en vez de dedicarse a hostigar en redes sociales al candidato presidencial de la oposición.

Si las consideraciones precedentes carecen de importancia para Martinelli, por lo menos podría tener en cuenta que la situación del país en materia de seguridad pública exige que dedique su tiempo a tareas más provechosas para la sociedad.

Hasta mañana.