Hoy es 15 de mayo. Faltan 46 días para las elecciones internas y 165 para las nacionales.

En abril de 2020, poco después de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto para sustituir la ley de servicios de comunicación audiovisual aprobada en 2014, con disposiciones que atendían los reclamos contra esa norma planteados por los canales privados de televisión y otros grandes medios.

En aquel momento, Lacalle Pou le adjudicó una alta prioridad a la aprobación de su proyecto, pero este quedó detenido durante años en comisión de la Cámara de Representantes. Esto sucedió sobre todo porque Cabildo Abierto se negó a votarlo, presionando para que sus socios en la coalición de gobierno le concedieran contrapartidas, y llegó a presentar una disparatada iniciativa propia.

A fines del año pasado, con la campaña electoral por delante, se aflojaron los tironeos dentro del oficialismo y comenzó el avance hacia la aprobación de una nueva ley. Ese avance culminó ayer con el escándalo de un tratamiento en la Cámara de Senadores con carácter de “grave y urgente”, salteándose la comisión correspondiente, a la que había ingresado el proyecto desde la Cámara de Representantes pero que no llegó a tratarlo. Falta que algunas modificaciones aprobadas (para peor) por el Senado sean ratificadas en Diputados, pero esto será claramente un mero trámite.

El resultado es el que los grandes medios privados querían. Se elimina el pago por las frecuencias que utilizan con fines de lucro, un pago que se les venía perdonando año tras año y cuyo producto estaba destinado al fomento de la producción nacional. Se permitirá una mayor concentración de la propiedad de emisoras de radio y televisión, con facilidades para que sea extranjera, legalizando lo que se ha permitido en forma irregular. Se desmantelan las instituciones y procedimientos establecidos en 2014 para defender los derechos del público en lo relacionado con la transparencia de las adjudicaciones y los contenidos de la programación. Se terminan las exigencias de producción nacional en las programaciones, cuyo cumplimiento se había dejado de controlar.

Esto tiene consecuencias a corto y largo plazo. En lo inmediato, y en un año electoral, refuerza la alianza entre el oficialismo y los grandes medios, sostenida en los últimos años con todo tipo de concesiones. Para los dueños de esos medios, desde un punto de vista estratégico, queda garantizado que, con independencia del resultado de las elecciones, comenzarán el próximo período de gobierno en una posición ventajosa.

La oposición criticó duramente el contenido del proyecto aprobado y el “atropello” de que pasara directamente al plenario del Senado, pero tiene motivos para la autocrítica. La ley sustituida demoró muchísimo en aprobarse y muchas de sus disposiciones nunca se aplicaron, ni siquiera después de que fueron avaladas por la Suprema Corte de Justicia. Si alguien pensó que así aplacaba la hostilidad de los dueños de los grandes medios contra el Frente Amplio, la vida le demostró que se había equivocado, con el daño agregado de que la ciudadanía ni siquiera pudo experimentar resultados, para juzgar por sí misma y saber hoy lo que le quitan.

Hasta mañana.