Hoy es 27 de mayo. Faltan 34 días para las elecciones internas y 153 para las nacionales.

El presidente Luis Lacalle Pou presentó al Parlamento el jueves de la semana pasada un proyecto para modificar la ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, cuya oportunidad resulta muy discutible.

Por un lado, bien sabe Lacalle Pou que la campaña electoral disminuye la probabilidad de que se trate con el debido cuidado una iniciativa como esta. Hace un par de semanas, con la intención de justificar el trámite acelerado del proyecto de nueva ley de medios, el senador nacionalista Jorge Gandini afirmó que no sabía si en junio iba a ser posible reunir al Senado.

Por otro lado, la prosecretaria de Presidencia y redactora de la iniciativa, Mariana Cabrera, sostuvo según el diario El País que “uno de los hitos” que llevó a su presentación “fue la protesta realizada el pasado 2 de marzo, frente al Palacio Legislativo, con carteles tales como ‘No a la dictadura de género, ser hombre no es delito’, en la que manifestantes, acompañados por momentos por el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos y por el diputado colorado Gustavo Zubía, pedían cambios a la ley y reclamaban: ‘Basta de denuncias falsas’”.

Llama la atención que el Poder Ejecutivo, insensible a otras movilizaciones bastante más numerosas, se haya puesto en acción tras la mencionada por Cabrera, y es aún más llamativo que la fecha en que se presentó la iniciativa presidencial, dos meses y medio después de aquella protesta, coincidiera con el escándalo causado por la publicación de chats entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés. El contenido del proyecto aumenta las dudas, porque deja mucho que desear en materia de seriedad y pertinencia.

El actual artículo 3 establece criterios para armonizar lo dispuesto en la ley con los acuerdos internacionales que obligan a Uruguay, y establece que “en caso de conflicto o duda [...] se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género”. Lacalle Pou propone eliminar la referencia expresa a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que corresponde tener en cuenta, y agregar en forma superflua que no se deben “debilitar las garantías del debido proceso”.

El actual artículo 46 dice que el testimonio de niñas, niños y adolescentes se debe analizar “aplicando las reglas de la sana crítica”, pero que “no será válido utilizar argumentos técnicos” para disminuir su credibilidad. Lacalle Pou propone que sí se permita usar ese tipo de argumentos, con el respaldo de una prueba pericial que evite la revictimización.

El actual artículo 59 estimula la presentación de denuncias por parte de quienes tomen conocimiento de un hecho de violencia basado en género, al establecer que “siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado”. Esto, obviamente, no implica impunidad para las personas que mientan en forma deliberada, si se prueba que lo han hecho; más bien busca evitar que alguien calle por temor a meterse en problemas. El cambio propuesto por Lacalle Pou causaría el efecto opuesto, con un señalamiento innecesario de que los delitos de calumnia, simulación de delito y falso testimonio no han dejado de existir.

El actual artículo 80 dice que cuando haya condenas, las víctimas recibirán una reparación “equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño”. Lacalle Pou propone eliminar la referencia expresa a una primera indemnización, y dejar en pie sólo la posibilidad de un reclamo posterior por otra vía.

En la exposición de motivos se aduce que la ley vigente no ha logrado disminuir la cantidad de femicidios, sin explicar de qué modo las modificaciones propuestas podrían conducir a mejores resultados. En el mejor de los casos, son un mero gesto preelectoral ante quienes se quejan de las medidas cautelares previstas para evitar tragedias; en el peor, son un riesgo de que la protección a las víctimas disminuya.

Hasta mañana.