Hoy es 4 de junio. Faltan 26 días para las elecciones internas y 145 para las nacionales.

Los intentos de regulación de la radio y la televisión en Uruguay tienen una larga historia llena de paradojas. Ahora hay parlamentarios dispuestos a votar un artículo con el que no están de acuerdo si el presidente Luis Lacalle Pou se compromete a vetarlo luego. Sería más lógico y sencillo que no lo aprobaran, pero así están las cosas.

La ley vigente de servicios de comunicación audiovisual (SCA) se incubó durante años con amplia participación social, incluyendo la de representantes de los medios regulados, pero el diálogo previo no evitó que las empresas arremetieran contra el proyecto que el Parlamento aprobó en 2014, al final del mandato presidencial de José Mujica. Este se había tomado un largo tiempo para considerar la iniciativa y llegó a decir que iba a tirarla a la papelera, pero finalmente le dio luz verde.

Los dueños de los grandes medios presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la gran mayoría de los más de 200 artículos de la ley SCA y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó solamente ocho, que no se referían a cuestiones centrales, pero se insiste en que el resto es inconstitucional. En su segunda presidencia, Tabaré Vázquez decidió postergar la aplicación de la norma hasta que la SCJ terminara la consideración de esos recursos, pero cuando lo hizo él siguió sin aplicarla por completo.

Lacalle Pou prometió derogar la ley en su campaña para las elecciones de 2019, y con esa intención presentó un proyecto poco después de asumir la presidencia, asignándole alta prioridad, pero la iniciativa quedó trancada casi cuatro años en comisión de la Cámara de Representantes, hasta que el deseo de quedar bien con los medios en la campaña electoral reactivó su tratamiento.

Una de las disposiciones que el presidente quiere eliminar es la que obliga a los medios a pagar por el uso de las ondas que utilizan con fines de lucro, pero la obligación existe sólo en los papeles, porque el pago se les ha perdonado una y otra vez.

Otro de los cambios propuestos es aumentar la cantidad de medios que puede tener un mismo propietario y facilitar la extranjerización, pero las limitaciones actuales no rigen en los hechos, y lo que haría el proyecto presidencial es legalizar lo que ya ocurre mientras las autoridades miran para otro lado. Otras modificaciones arrasan con la institucionalidad creada para velar por los derechos de la ciudadanía ante los medios, que nunca llegó a establecerse y funcionar como la ley manda.

Una parte del relato contra la ley SCA es que establece un control de contenidos inaceptable, pero en la Rendición de Cuentas de 2022 el Ejecutivo propuso, sin éxito, que volvieran a regir decretos dictatoriales en la materia, y el mes pasado la mayoría de los senadores oficialistas logró que Cabildo Abierto votara el proyecto a cambio de la aprobación de un aditivo que apunta, en forma clara y escandalosa, a censurar las informaciones y opiniones políticas.

Si ese aditivo es rechazado, los cabildantes pueden negarse a votar el resto del proyecto de Lacalle Pou. En suma, la ley SCA rige pero no se aplica, y el afán de derogarla puede conducir a que siga vigente.

Hasta mañana.