Hoy es 4 de julio. Faltan 115 días para las elecciones nacionales.

Llegamos al final del período de gobierno iniciado en 2020, y las promesas de mejorar la situación fiscal no se cumplieron. Traduzcamos: el gasto público no disminuyó, sino que aumentó, al igual que el déficit del Estado, pese a la “regla fiscal” aprobada en 2020 con la intención declarada de impedir que se gastara en forma insostenible.

Hay una manera de juzgar estos resultados que culpa al actual gobierno de no haber hecho lo que tenía que hacer y prometió que haría, pero en realidad el asunto es que sus promesas se basaron en un relato engañoso sobre lo que sucedía. La diferencia es de enorme importancia: con el primer criterio, lo que Uruguay necesita es profundizar la orientación actual; con el segundo, es preciso cambiar el rumbo.

Traduzcamos aún más. Durante los gobiernos nacionales frenteamplistas en Uruguay mejoraron mucho varios indicadores sociales y económicos, pero en el tramo final la situación empeoró. Entre otras cosas, se interrumpieron las tendencias sostenidas al crecimiento de la producción, el aumento del salario real y la disminución de la pobreza, al tiempo que se incrementaban los problemas relacionados con el empleo. Esto tuvo mucho que ver con que Luis Lacalle Pou ganara las elecciones de 2019.

Era inevitable que la entonces oposición buscara aprovechar el descontento; lo grave fue cómo lo hizo. Acusó a los gobiernos frenteamplistas de haber aumentado en forma desmesurada los gastos del Estado y castigar al “país productivo” con altos impuestos para financiar el despilfarro, que de todos modos superaba lo recaudado y agravaba el déficit fiscal.

La promesa era ir en sentido inverso: “ahorrar” para reducir el déficit sin deteriorar las políticas públicas, reducir la carga impositiva y así quitarle lastre al “país productivo”, que a su vez generaría crecimiento de la economía, del empleo y del salario.

Ahora vemos que la contención del gasto no se produjo, el déficit fiscal es mayor y los impuestos sólo se redujeron para los sectores con mayores ingresos. La economía creció, sobre todo en los primeros años y por factores externos, pero al mismo tiempo aumentaron la pobreza, la cantidad de empleos con salarios insuficientes y la desigualdad.

La cuestión es que en Uruguay, con una población escasa y envejecida y una situación social insatisfactoria (pese a que las políticas públicas tienen efectos mejores que en muchos otros países), el Estado tiene que invertir más recursos, no menos. De otro modo no mejorarán las jubilaciones y pensiones miserables, el cuidado de la salud, el acceso a viviendas dignas, el sistema nacional de cuidados y un largo etcétera.

Para que esto sea posible, hay que producir más y mejor, y repartir la carga tributaria con mayor justicia. Si no lo hacemos, tampoco será posible revertir la cantidad enorme de salarios bajos y empleos precarios, o la creciente desigualdad que deja a gran parte de la población activa sin posibilidades de aportar el tipo de trabajo que es necesario, justamente, para producir más y mejor. No es que el gobierno se haya quedado a mitad de camino, el problema es qué camino tomó.

Hasta mañana.