Hoy es 22 de julio. Faltan 97 días para las elecciones nacionales.

Cabildo Abierto (CA) lanzó, hace poco más de un año, su propuesta de reforma constitucional para reestructurar deudas personales, pero no logró las firmas que habrían habilitado un plebiscito en forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre. Esto confirmó que el partido liderado por Guido Manini Ríos ha perdido apoyos desde 2019, como mostraron las elecciones internas de este año, y tiene dificultades para sostener una campaña de movilización en escala nacional.

Sin embargo, CA decidió continuar con la recolección de firmas y confía en que llegará a la cantidad requerida, de modo que haya consulta popular junto con las elecciones departamentales del año que viene. Por lo tanto, persisten los debates sobre la propuesta cabildante y corresponden otras reflexiones, vinculadas con el significado político de la iniciativa y de las actitudes ante ella en el resto del sistema partidario.

El problema del sobreendeudamiento personal existe, sin duda, aunque esto no significa que CA esté en lo correcto al diagnosticar sus causas y plantear una forma de resolverlo. Acerca de los motivos, el discurso cabildante enfatiza un presunto vínculo entre el crecimiento de las deudas impagables y la política de inclusión financiera, promovida desde 2011 por los gobiernos frenteamplistas, pero esta tesis viene mezclada con un tipo de hostilidad hacia el sistema financiero muy habitual en los partidos de derecha populista, y condimentada con visiones conspirativas sobre un gobierno mundial en las sombras, sin ponderar la influencia obvia de la pobreza y la histórica falta de educación financiera para que muchísimas personas de bajos ingresos hayan caído en las redes de prestamistas abusivos.

En lo referido a las soluciones, como se ha señalado, la propuesta de reforma constitucional implica reducir la rentabilidad de otorgar créditos legales, contraería su oferta y, mientras las necesidades de la gente persistan, empujaría a muchas personas hacia el mercado ilegal, con tasas tanto o más usurarias que las actuales. Además, la inciativa cabildante es de alcances tan amplios que beneficiaría a personas con muy altos ingresos, a diferencia de lo que ocurre con el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas (PVR), articulado por el Banco Central, los bancos privados y las administradoras de crédito, que se lanzó hace menos de dos semanas.

La forma en que CA manejó su propuesta en el Parlamento antes de iniciar la recolección de firmas sugiere que no tenía mucho interés en negociar con otros partidos un proyecto aprobable, y que su intención era mostrarse como el único abanderado de la sensibilidad ante un problema social. Es muy verosímil que esto haya sido una estrategia de acumulación electoral, pero de todos modos resulta significativo que, con independencia de sus motivos, haya sido el único en levantar la bandera. La respuesta al PVR indica con claridad que había una necesidad y da la impresión de que otras fuerzas políticas no la registraron en su real magnitud, no le asignaron la importancia debida o no quisieron tensionar sus relaciones con el sistema financiero en este período electoral.

Hasta mañana.