Hoy es 20 de agosto. Faltan 68 días para las elecciones nacionales.

Estaba visto que Cabildo Abierto (CA) iba a jugar en algún momento la carta de la seguridad pública, alegando que ni sus socios oficialistas ni los gobiernos del Frente Amplio pudieron resolver los problemas, y que los cabildantes son los únicos cuyas propuestas nunca se pusieron en práctica. El momento llegó, y Guido Manini Ríos dio a conocer ayer un documento con 12 medidas “para aplicar ahora”.

El conductor de CA sostuvo que el planteamiento no se hacía con fines electorales, sino que es parte de lo que su partido ha propuesto, sin éxito, “desde el primer día de esta administración”, y que insistía en este momento porque “en las últimas semanas” la inseguridad “alcanzó niveles inaceptables”. Se puede creer o no que el motivo sea ese, justo ahora, pero el dodecálogo de los cabildantes hace sospechar que quizá el actual gobierno no les hizo caso en este terreno porque sus aportes oscilaban entre lo simplista y lo impracticable.

La primera medida es declarar durante 120 días un “estado de emergencia nacional en seguridad pública”, como se había prometido hacerlo en el documento “Compromiso por el país”, firmado en noviembre de 2019 por cinco partidos para justificar su apoyo a Luis Lacalle Pou en el balotaje. La promesa no se cumplió, pero obviamente lo que importa no es la declaración sino las políticas que la acompañan y la dotación de recursos para llevarlas a cabo. Recordemos, por ejemplo, que Tabaré Vázquez decretó en diciembre de ese mismo año una emergencia nacional en materia de violencia basada en género, que no logró resultados significativos y que sigue vigente, ya que nunca se declaró que hubiera terminado.

El problema son, justamente, las otras 11 medidas que sugiere CA, porque parecen basarse en la creencia de que hasta ahora ha faltado, simplemente, voluntad de llevarlas a cabo o capacidad de mando para lograr que se cumplan.

Algunas de ellas consisten en desplegar a grandes cantidades de policías en distintos territorios, para lograr una presencia “permanente” que prevenga o reprima “la comisión de eventuales hechos delictivos o con apariencia de tales” y se sume a la realización de “operativos nocturnos masivos y coordinados en las zonas de mayor riesgo”. Todo esto con efectivos dotados de mejor formación y tecnología avanzada. Llama la atención que a nadie se le haya ocurrido antes...

Otras medidas son aún más voluntaristas, como la de encomendarle a Inteligencia Policial “la detección, rastreo, neutralización del tráfico y flujo de armas y municiones en todo el territorio, identificando líneas logísticas, rutas, acopios y distribución”. O la de realizar “operativos nacionales de alto impacto” para “desmantelar” las redes de narcotráfico.

Hay también medidas incongruentes: se propone “trasladar y recluir de inmediato a los delincuentes de alto riesgo” en “instalaciones carcelarias de máxima seguridad”, pero se agrega que hay que realizar un estudio para decidir dónde se podría ubicar una cárcel de máxima seguridad y llamar a interesados en construirla para que esté “operativa a fines del año 2025”.

Si estas eran las armas secretas de Manini para que se terminara el recreo, no se perdió mucho.

Hasta mañana.