Hoy es 4 de setiembre. Faltan 53 días para las elecciones nacionales.

El Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) sumaron casi 80% de los votos en las elecciones de 2019, y las encuestas indican que no sumarán menos este año. Se podría suponer que cuando estas tres fuerzas políticas están de acuerdo sobre un tema, resulta muy fácil impulsar las soluciones que comparten. Pero no.

La semana pasada, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, se realizó un conversatorio sobre “violencia sexual en clave de seguridad pública”, con participación de representantes del PC (Diego Sanjurjo), el PN (Fernanda Sfeir) y el FA (Patricia González y Diego Olivera). Escuchar las dos horas y pico de exposiciones muestra que, como era previsible, hubo distintos marcos ideológicos de referencia, pero también que no se registraron grandes discrepancias en lo referido al asunto central, y cabe preguntarse por qué no se hace lo que dijeron que se debe hacer.

Nadie planteó que haya que modificar la ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género y hubo acuerdo sobre la necesidad de destinar más recursos a su cumplimiento. “En esta materia obviamente falta un montón. [...] El Poder Judicial está desbordado, la Fiscalía está desbordada y muchas veces no tiene la capacidad de recursos humanos para poder aplicar la ley de la manera que debería aplicarla y es un aspecto importantísimo, porque está claro que cuando las personas no confían en la herramienta también denuncian muchísimo menos”. Lo dijo la nacionalista Sfeir.

Sin embargo, esa ley, aprobada hace siete años, sigue muy lejos de cumplirse, porque su aplicación plena se ha postergado en otros tantos debates presupuestarios. En todos los partidos hay voces que la cuestionan y proponen cambiarla.

Se coincidió en que hacen falta políticas educativas potentes para contribuir a la construcción de mejores masculinidades, pero es habitual escuchar que el problema no es el machismo ni la mentalidad patriarcal, sino las “feministas radicales” y sus demandas. Cuando la Justicia dispone medidas educativas en casos de violencia de género, resulta frecuente que haya reacciones de burla y rechazo.

Es sabido que, durante las campañas electorales, los partidos suelen decirle a cada sector social lo que quiere escuchar, pero realmente no hay motivos para pensar que las personas que expusieron en la Facultad de Psicología hayan tenido la voluntad de engañar al público, con intervenciones que no expresaban su verdadero pensamiento. Parece más probable que hayan sido sinceras, y que el problema consista en que quienes toman decisiones en sus fuerzas políticas manejan, demasiado a menudo, otros criterios y prioridades.

De todos modos, tampoco parece obvio que las decisiones de dirigentes respondan a un “sentir popular” alejado de los enfoques manejados en la mesa redonda. Hay sin duda fuertes resistencias conservadoras en el “sentido común” de nuestra sociedad, pero también es preciso registrar que, desde hace muchos años, las movilizaciones convocadas desde los feminismos están entre las más numerosas. Quizá la educación necesaria para un cambio cultural profundo deba incluir a dirigentes.

Hasta mañana.