Hoy es 20 de setiembre. Faltan 37 días para las elecciones nacionales.

El presidente de la República no sólo va a hacer campaña contra la reforma de la seguridad social propuesta por el PIT-CNT, que se plebiscitará el 27 de octubre, sino que además involucra abiertamente en la tarea al equipo económico del gobierno.

La intervención presidencial, que la Corte Electoral admite, es vista por parte de la oposición como un problema, porque le permite a Luis Lacalle Pou poner su popularidad y su capacidad de comunicación al servicio de la campaña oficialista, pero también implica dificultades para la coalición de gobierno.

La iniciativa de plebiscito fue una reacción contra la reforma jubilatoria aprobada por el oficialismo el año pasado, aunque también apunta, y quizá en forma más profunda, contra la ley de 1996 que estableció el sistema con aportes obligatorios a las AFAP. La justificación más manejada de la participación presidencial en la campaña es que Lacalle Pou tiene derecho a defender la reforma de 2023, que fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Y ahí está, justamente, la complicación.

El oficialismo, con el presidente de la República a la cabeza, no puede limitarse a criticar las propuestas del PIT-CNT; también tiene que reivindicar las normas que aprobó el año pasado, y esto es mucho más difícil.

Desde la parte del Frente Amplio (FA) que no considera conveniente la reforma constitucional, se pueden plantear argumentos contra esta y a la vez criticar la ley oficialista, para desembocar en la necesidad de un diálogo amplio que construya nuevas y mejores soluciones. Lacalle Pou y sus seguidores están obligados a decir que la situación actual es la mejor posible y no debe ser modificada de ninguna manera.

Esto significa, entre otras cosas, defender que la edad mínima jubilatoria aumente a 65 años para la gran mayoría de la actual población activa, y que toda ella pase a hacer aportes obligatorios a las AFAP.

El oficialismo debe defender que disminuya el total del dinero que van a percibir casi todas las personas desde el momento de su retiro hasta el de su muerte (ya muy escaso, salvo para una minoría), y que la reducción de los desequilibrios del sistema se haya buscado exclusivamente a costa de quienes perciben jubilaciones y pensiones.

Tiene que defender también que esa reducción, con todos sus costos sociales, vaya a ser apenas una muleta transitoria, porque la reforma de 2023 no avanzó hacia un sistema de seguridad social conceptualmente distinto, inevitable si se tienen en cuenta las tendencias demográficas y los grandes cambios en el mundo del trabajo.

Todo esto sólo se puede defender con el triste argumento de que no es posible nada mejor y hay que resignarse. Un argumento que, por cierto, no hace juego con la campaña del oficialismo, empeñado en convencer a la ciudadanía de que el país ha avanzado mucho en los últimos años y debe seguir por el mismo camino.

Por último, Lacalle Pou y sus seguidores corren el riesgo de que las críticas simultáneas a su reforma y a la propuesta del PIT-CNT hagan pensar a mucha gente que es preciso barajar y dar de nuevo, como plantea el FA. Es muy discutible que la irrupción presidencial en la campaña sea beneficiosa para el oficialismo.

Hasta el lunes.