Hoy es 13 de setiembre. Faltan 44 días para las elecciones nacionales.

Hace casi un mes se señaló aquí la tendencia creciente, en sucesivos gobiernos, a multiplicar las estructuras que dependen en forma directa del presidente de la República, con el resultado de que “‘Presidencia’ dejó de ser apenas un rubro presupuestal del Poder Ejecutivo y se ha transformado en un organismo que abarca cada vez más funciones, a las que se suman las intervenciones directas del presidente y sus colaboradores más cercanos en muchas áreas de la administración del Estado”. Como si se hubiera propuesto confirmar aquella observación, ayer el candidato nacionalista Álvaro Delgado anunció su intención de instalar una nueva dependencia en la Torre Ejecutiva si gana las elecciones.

Delgado y su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, dieron una nueva conferencia de prensa para presentar propuestas programáticas, y destacaron la referida a crear una Secretaría de Discapacidad para “jerarquizar la atención” gubernamental en ese terreno y aumentar la coordinación de las políticas públicas referidas a la discapacidad.

Es muy importante que el Estado mejore su abordaje de este tema, y corresponde valorar que Delgado y Ripoll contribuyan a colocarlo en la agenda pública, con independencia de que se compartan o no sus enfoques y las medidas que proponen. El problema es el criterio de que para que algo se haga mejor hay que hacerlo desde Presidencia.

La idea subyacente parece ser que los ministerios tienen grandes dificultades para actuar con eficacia debido a sus defectos burocráticos, y que crear nuevas estructuras es mucho más práctico que abordar la engorrosa tarea de corregir esos defectos. Basta con reflexionar unos minutos para darse cuenta de que por ese camino las complicaciones aumentan en vez de disminuir.

Por un lado, se suele pasar por alto que muchas de las normas estatales que se ven como trabas tienen motivos muy válidos. Entre ellos, por ejemplo, los de otorgar garantías y evitar decisiones arbitrarias. Por otro lado, cuando se identifican procedimientos que realmente son obstáculos sin sentido, lo que hay que hacer es removerlos.

Además, cada vez que una tarea se transfiere de un ministerio a Presidencia, el Poder Legislativo pierde la capacidad de controlarla, informarse sobre ella y eventualmente censurar a quien la tiene a su cargo. El presidente no puede ser interpelado, y quienes trabajan directamente bajo su mando en la Torre Ejecutiva tampoco.

El presidente puede designar a la persona que le parezca más adecuada para encargarse de cada ministerio y destituirla cuando quiera. Nada le impide dedicarle especial atención a cualquier tema de competencia ministerial, proponer que se le asignen refuerzos presupuestales y reunirse frecuentemente con quien lo tiene entre sus competencias.

Bienvenido, entonces, el interés que manifiestan Delgado y Ripoll en las políticas públicas vinculadas con la discapacidad, y ojalá que tenga éxito la iniciativa de promover un compromiso multipartidario en la materia, pero sería deseable que el impulso a esas políticas se concrete sin aumentar aún más las intervenciones directas desde la Torre Ejecutiva.

Hasta el lunes.