Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha durante el fin de semana el programa Pensión Mujeres Bienestar (PMB), para proporcionar un apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años, como compensación parcial por el trabajo no remunerado que han realizado durante sus vidas.

El límite de edad se debe a que, una vez que cumplen 65 años, mujeres y varones reciben una “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores”. La primera pensión mencionada equivale a un poco menos de 3.200 pesos uruguayos por mes, la segunda, al doble. El salario mínimo nacional mexicano ronda los 18.000 pesos uruguayos. La PMB es poco dinero, y aunque puede significar una diferencia considerable para la gente más pobre, su valor es en gran medida simbólico. Sin embargo, los símbolos importan.

Sheinbaum señala, para hacerla más visible, una desigualdad estructural que sólo puede ser corregida en el futuro si se producen cambios sociales profundos y que, por cierto, no es una característica particular de México. En el mundo, miles de millones de mujeres son perjudicadas por “repartos de tareas” con los varones que les dejan a estos la gran mayoría de las remuneradas. La diferencia se perpetúa después de la edad activa, porque por los trabajos que recaen mayoritariamente sobre ellas no se realizan aportes a los sistemas de seguridad social.

La injusticia histórica no se va a resolver con la PMB, ni es viable acercarse a compensarla con ese tipo de pensiones, ya que el desembolso estaría muy por encima de las posibilidades estatales. Consideremos que sólo en Uruguay, y sólo durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, en los años 2020 y 2021, las mujeres realizaron un aporte extra cercano a 2.000 millones de dólares, según cálculos conservadores del Instituto de Economía de la Universidad de la República, en convenio con Cotidiano Mujer y con el apoyo de ONU Mujeres.

En el período de gobierno que termina, nuestro país registró tendencias al aumento de la vulnerabilidad y la pobreza. Contrarrestarlas exige avances en por lo menos tres áreas: por un lado, un refuerzo coordinado de las políticas que pueden aliviar las situaciones más graves; por otro lado, medidas que impulsen un crecimiento económico mayor; en ambos terrenos, esfuerzos eficaces para lograr una distribución menos desigual de los beneficios.

Para esto último, resulta indispensable un enfoque transversal de género. La pobreza infantil, tan mentada en la campaña electoral, es en grandísima medida el resultado de la pobreza de mujeres a cargo de niñas y niños. La ampliación y fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados sería, entre otras cosas, una herramienta poderosa contra el reparto desigual de tareas. La educación es crucial para lograr cambios drásticos y generalizados en ese reparto.

Es necesario que el trabajo no remunerado de las mujeres no siga siendo una especie de “recurso natural” invisible para las cuentas públicas. Si el aprovechamiento lucrativo de la tierra o el agua no se puede considerar inagotable y gratuito, mucho menos pueden serlo las tareas desempeñadas por la mayoría de la población del país para sostener la vida.

Hasta mañana.