La investigación, que estuvo a cargo de Verónica Amarante, Paola Azar, Jéssica Schertz y Andrea Vigorito, se propuso calcular una primera estimación del costo asociado al tránsito de las mujeres uruguayas por la pandemia.1 La cuantificación de este costo incluyó información integrada sobre el mercado laboral, el trabajo no remunerado y el acceso de los hogares a recursos públicos: las dos primeras dimensiones constituyen la deuda estimada, mientras que la tercera refleja las transferencias no efectivizadas que podrían haber mitigado las pérdidas. Asimismo, el informe recoge un relevamiento en torno a las percepciones y comportamientos asociados a la seguridad alimentaria y otras vulnerabilidades.

Los cálculos abarcan los años 2020 y 2021, contrastándolos con la situación prepandemia (2019). Como indican las autoras, “los montos estimados se conciben como un punto de partida y un disparador para motivar la discusión sobre las cuentas estructurales pendientes con las mujeres y su dinámica durante la reciente crisis”. En todos los casos, aclaran, se trata de escenarios de mínima.

La investigación se realizó con base en datos de empleo, remuneraciones laborales, ingresos de los hogares y acceso a la cobertura de transferencias monetarias provenientes de la Encuesta Continua de Hogares (ECH; Instituto Nacional de Estadística). Las actividades de cuidado, por su parte, surgen de los datos para hogares con dependientes menores de edad relevados por ONU-Mujeres-Unicef (2020, 2021). Por último, el análisis sobre las percepciones se apoyó sobre la encuesta de opinión pública Latinobarómetro 2020.

El cálculo de la deuda en el mercado laboral

Según precisa el informe, el valor de la deuda acumulada en la órbita del mercado laboral surge de cuantificar la diferencia entre los ingresos laborales que percibieron las personas durante 2020 y 2021 y los que hubiesen recibido en ausencia de la pandemia. Concretamente, el supuesto de partida es que, en ausencia de la covid, el mercado de trabajo hubiese seguido funcionando como en 2019. Con esto como base, las autoras simularon el escenario cambiando la situación de varones y mujeres en 2020 y 2021 en la ECH de esos años.

El cálculo de la deuda en términos del trabajo no remunerado

En este caso, la estimación de la deuda pendiente emerge de asignarle un valor monetario al incremento de las horas de trabajo no remunerado de varones y mujeres en 2020 y 2021 respecto de la situación prepandemia. A estos efectos, las investigadoras utilizaron los datos de la encuesta ONU-Mujeres-Unicef en abril de 2020 y junio de 2021, que separa las horas de trabajo no remunerado de varones y mujeres en tareas de cuidado (a menores de edad) y tareas domésticas.

Naturalmente, estas tareas varían según las características de las personas –sexo, nivel educativo, región e inserción laboral– y también de sus hogares –presencia de niños menores de cinco años, en edad escolar, adolescentes y hogares monoparentales, nucleares o extendidos–, fenómeno que fue considerado al procesar y ajustar la información.

Puntualmente, la deuda en términos de trabajo no remunerado resulta de la diferencia entre las horas realizadas en los años de pandemia y 2019. No obstante, fue necesario introducir algunas correcciones para ajustar la información, en tanto la intensidad de la crisis y las correspondientes políticas desplegadas no se distribuyeron uniformemente, provocando alteraciones en las demandas de tiempo de trabajo no remunerado en los hogares con niños y adolescentes. A tales efectos, las autoras consideraron el índice de severidad en las restricciones (que sintetiza nueve medidas de política adoptadas para enfrentar la situación) y el índice de cerramiento de escuelas, y valorizaron las horas de trabajo no remunerado de acuerdo al salario de una trabajadora doméstica. “Esta elección conservadora representa un nivel mínimo, pues se trata de salarios generalmente bajos respecto al promedio de mercado y porque las horas de cuidado se remuneran igual que las horas de trabajo doméstico (cuando son actividades diferentes)”.

Las expansiones en la cobertura de programas de transferencias de ingreso e impuestos no efectivizadas

Sobre este punto, las autoras advierten que, si bien el gobierno reforzó los montos de las transferencias no contributivas por Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (AFAM-PE) y Tarjeta Uruguay Social (TUS), no adoptó medidas orientadas a la expansión de su cobertura. A efectos de financiar parcialmente lo anterior, se introdujo un impuesto sobre el salario de los funcionarios públicos no pertenecientes al sector salud y las remuneraciones de jubilados y pensionistas, cuyos ingresos superaban los 120.000 pesos mensuales. Este impuesto habría generado mayores desigualdades horizontales y su recaudación se podría haber triplicado, lo que habría contribuido a una mejor distribución de los efectos de la crisis.

A este respecto, el estudio estima el monto de prestaciones sociales necesario para cubrir la totalidad de la población objetivo de AFAM-PE y TUS. Si bien esto no forma parte de la deuda, “a partir de esta suma se deriva el gasto adicional que el gobierno debería haber realizado para expandir la cobertura de los programas sociales, dado que, teóricamente, el deterioro de los ingresos y el empleo de los hogares generó un número mayor de potenciales beneficiarios”. De esta manera, se estima la diferencia entre lo efectivamente invertido por el Estado en estas prestaciones y los recursos que hubieran sido necesarios para cubrir la totalidad de los hogares que se volvieron elegibles en el marco de la crisis sanitaria. A partir de esto, e identificada la población objetivo, se estimó el total de la deuda en el marco de esta tercera dimensión.

Resultados: la deuda pendiente

Según los cálculos, la estimación del costo monetario que supuso la pandemia para las mujeres uruguayas en 2020 representó un monto equivalente a 0,61% del PIB en la dimensión laboral, 1,25% en el área de trabajo no remunerado y 0,19% en concepto de transferencias que deberían haberles llegado a los hogares y no lo hicieron. “Esto significa que las pérdidas en términos de inserción laboral y desarrollo adicional de tareas no remuneradas alcanzaron 1,9% del PIB de ese año y lo superaron si se suma la insuficiente respuesta estatal en términos de recursos para transferencias”.

En 2021 la deuda continuó acumulándose, pero alcanzó magnitudes menores producto de la recuperación que fue comenzando ese año. En este caso, las pérdidas, considerando lo ocurrido en el mercado laboral y la realización de más actividades no remuneradas, se ubicaron, en conjunto, en torno al 1,4% del PIB.

Como advierte la investigación, a las mujeres les correspondió entre un tercio y un cuarto del total de la deuda generada a la población por pérdidas laborales: 33,2% y 23,2% del total en 2020 y 2021, respectivamente. En cambio, recayó sobre ellas la amplia mayoría de la deuda total por trabajo no remunerado: 70,6% del total de esta dimensión en 2020 y 66,3% en 2021. Por su parte, el resultado es similar en el caso de las transferencias no efectivizadas, dado que cerca de tres cuartas partes del costo total de la insuficiente respuesta estatal afectó a las mujeres.

Para tener como referencia de magnitud, las autoras señalan que el nivel de la deuda en términos del PIB es comparable a la estimación del perjuicio que implicó la reciente sequía. Debe considerarse, además, que los cálculos realizados fueron conservadores y refieren a una cota mínima. En ese sentido, “el impacto de la pandemia, sólo en las dimensiones relevadas, fue de magnitud similar, pero se tradujo en efectos adversos concentrados en las mujeres”.

Por otro lado, el estudio también despliega un análisis diferenciado sobre la incidencia de la deuda con las mujeres según el tipo de hogar. Con relación a esto, la deuda laboral se concentró en las mujeres de hogares con los niveles educativos más altos. En la otra punta, la mayor parte de las transferencias no realizadas tuvo su incidencia más relevante en hogares de educación baja y medio-baja. Finalmente, la deuda por trabajo no remunerado se distribuyó más uniformemente, aunque, en términos relativos, afectó sobre todo a los hogares con niveles educativos medios.

A su vez, los costos para las mujeres se distribuyeron desigualmente según el ingreso de los hogares: “La cuenta pendiente más alta correspondió a los primeros cinco deciles de ingreso en 2020 y los primeros cuatro deciles en 2021. En total, los primeros tres deciles –los hogares con ingresos relativamente más bajos de la población– concentraron la peor situación relativa”.

En suma

Las estimaciones indican que el total de la deuda atribuible a las pérdidas sufridas en materia de acceso al mercado de trabajo, remuneración y carga adicional de trabajo no remunerado fue equivalente a 1,9% del PIB en 2020 y 1,4% en 2021. La ausencia de una ampliación de los programas de transferencias para expandir su cobertura contribuyó al agravamiento de los efectos de la crisis, aunque no se incluyó dentro del cálculo de la deuda. Las mujeres, que ya partían de una situación desfavorable, fueron las acreedoras de la mayor parte de la deuda generada en las actividades no remuneradas. A su vez, la mayor proporción de ingresos por transferencias también les hubiera correspondido. En lo que hace a la dimensión del mercado de trabajo, “la menor incidencia relativa de la deuda laboral total no refleja una ventaja”, dado que es producto de las restricciones previas a la pandemia en lo que hace al acceso al empleo y a las diferencias estructurales de remuneración e ingresos.

Los resultados de la investigación también evidencian asimetrías en la distribución de los costos entre las mujeres, según nivel educativo e ingresos del hogar. En ese sentido, las mujeres de los estratos más vulnerables fueron las que sufrieron las mayores pérdidas. En efecto, como indican las autoras, los “hallazgos de este trabajo permiten sumar nuevos argumentos al debate sobre las implicancias de las desigualdades de género en oportunidades y resultados. Sus datos enfatizan el deterioro generado por la pandemia en el corto plazo y dejan abierto el análisis de las secuelas de largo plazo, así como las derivadas de situaciones de desigualdad de histórica persistencia”.

  1. Amarante, V, Azar, P, Schertz, J y Vigorito, A (2023). La pandemia en Uruguay: ¿cuál ha sido el costo para las mujeres? ↩