La calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mantuvo la calificación crediticia para Uruguay en BBB+ para el largo plazo –dos escalones por encima del llamado “grado inversor”– y A-2 para el corto, con una perspectiva “estable” de cara al futuro. En el informe divulgado este miércoles, la calificadora explicó que la decisión toma en cuenta que “el gobierno adoptará medidas para reducir gradualmente su déficit fiscal” para “revertir el reciente aumento de la deuda pública”, así como prevé que “políticas de recaudación de ingresos, contención del gasto y un crecimiento moderado del PIB” estabilicen la carga de la deuda para los próximos dos años.

Para justificar la calificación, la empresa norteamericana se apoyó en “razones fundamentales”, entre las que listó “la estabilidad de la democracia y las instituciones políticas” junto con “un PIB per cápita que se mantiene como el más alto de la región y un sólido perfil externo”. Como contracara, señaló que el país enfrenta “restricciones presupuestarias, avances limitados en la reducción de su déficit” y “flexibilidad monetaria limitada por un alto nivel de dolarización”, aunque destacó los esfuerzos del Banco Central del Uruguay (BCU) por anclar la inflación sobre la meta del 4,5% y consolidar una “creciente credibilidad”.

También valoró positivamente la continuidad de “políticas monetarias clave” que ilustra “previsibilidad” tras la investidura de Yamandú Orsi, y tanto un “consumo robusto” como “exportaciones fuertes” que “apuntalarán el crecimiento” durante el año. Lo anterior, acompasado por “la mejora de los ingresos reales y un mercado laboral favorable”, impulsó el consumo este año y debería propiciar un crecimiento “cercano al 2,2% en 2025”, pero que se reducirá alrededor del “1,9% en 2026 y 2027” por la “escasa inversión”. “El PIB per cápita debería alcanzar los 26.000 dólares en 2026 y se mantendrá como el más alto de América Latina. Sin embargo, mantener un crecimiento promedio similar al de países con niveles de desarrollo similares podría resultar difícil a mediano plazo si la inversión no se recupera”, consignó.

“La ley de presupuesto de 2026 refuerza la importancia de una regla fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas e incorpora algunos de los cambios que se habían debatido tras la implementación de su primera regla fiscal durante una serie de shocks externos”, explicó el informe. La propuesta para añadir un ancla de deuda “amplía la previsibilidad más allá del período de cinco años” y planteó que las innovaciones “deberían proporcionar un marco para equilibrar las restricciones fiscales con las presiones políticas para expandir el gasto social”, a pesar de un contexto político con una “diversidad de opiniones dentro de la coalición gobernante respecto al tamaño del sector público”, lo que “podría ralentizar la ejecución de la agenda económica”.

Finalmente, evaluó que Uruguay se encuentra “bien posicionado para la transición energética” ya que cuenta con potencial para proyectos de energía verde “cuya materialización dependerá de la demanda mundial de energía limpia”.

Por otro lado, S&P realizó algunas advertencias y señalamientos. Alertó por “restricciones presupuestarias” y “avances limitados en la reducción del déficit”, lo que derivó en su crecimiento sostenido. También advirtió que “la flexibilidad monetaria se ve limitada por un alto nivel de dolarización”, pero “la senda de corrección fiscal y la menor inflación deberían desacelerar el ritmo de crecimiento de la deuda”.

“Se proyecta que el déficit público de Uruguay alcance el 4% del PIB en 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2024, debido principalmente a la sobreestimación de los ingresos en el presupuesto 2024-2025 y a las significativas presiones de gasto”, avizoró la institución, y evaluó que el hecho de que “la nómina, las pensiones y los intereses representan más del 80% del gasto” refleja “desafíos estructurales”, como el envejecimiento de la población, pero también “un contrato social en el que el Estado de bienestar es un elemento clave de la cohesión”. “El presidente fue elegido con la expectativa de ampliar el gasto social”, agregó.

La empresa también se pronunció ante las medidas de eficiencia fiscal y los impuestos contenidos en la ley de presupuesto quinquenal, que actualmente finaliza su paso por el Senado para volver a la Cámara de Representantes: “Impulsarán los ingresos del gobierno general al 30% del PIB para 2028, desde el 29% actual. Una vez que la reforma tributaria se implemente completamente en 2027, el déficit del gobierno general comenzará a disminuir y debería acercarse al 3%”.