La asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol envió una carta a los próximos secretario y prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, en la que agradecen una reunión que tuvieron con ambos donde se les transmitió que la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y “otras cuestiones relativas al pasado reciente” serán una prioridad de la próxima administración.

En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación, Gastón Grisoni, informó que el gobierno electo los convocó a una reunión el 17 de enero. Esta convocatoria “fue a pedido de ellos”, dijo Grisoni y lo destacó como “muy importante”, ya que “es la primera vez que un gobierno, antes de asumir”, los “llama por proposición de ellos” y no porque la asociación lo haya pedido.

El presidente señaló que el gobierno electo los convocó para darles aviso de que la búsqueda y el pasado reciente tendrá “una importancia grande”, y que para eso, “lo pensaban encaminar a través de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente”.

En la carta a la que tuvo acceso la diaria señalan que coinciden “totalmente” con la “necesidad” de revitalizar dicha Secretaría, que está bajo la órbita de Presidencia de la República, y ubicarla “al mayor nivel posible en la estructura del Estado” para que pueda cumplir con determinadas funciones que enumeran.

La primera de ellas es colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos en las tareas de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y, por tanto, desempeñar las tareas específicas que establece la ley 19.822 al respecto.

En ese sentido, otra de las funciones que debería cumplir la Secretaría es el respaldo al trabajo de la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y el recabamiento de la “información necesaria en el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior y otros organismos involucrados”.

Asimismo, apuntan a la colaboración con la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria “para el cumplimiento de sus metas en todo el país”. Grisoni profundizó sobre este punto e indicó que desde Crysol le adjudican a la Secretaría un “papel intenso” para que fortalezca y apoye a esta comisión, “para que la memoria sea una política de Estado no sólo en Montevideo, sino en todo el país”.

En la misma línea, hacen hincapié en que la dependencia de Presidencia apoye a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado del Ministerio de Salud Pública “para el cumplimiento de las disposiciones legales y facilitar la cooperación de los organismos involucrados”.

Resaltan que la dependencia pueda “expresar los puntos de vista del gobierno en torno a esta temática tan sensible cuando sea conveniente y necesario”, así como “mantener un relacionamiento permanente y pautado con las organizaciones de la sociedad civil organizada”.

A su vez, esperan también que desde allí se pueda “promover” y “facilitar” de manera activa la implementación de las recomendaciones y resoluciones de los organismos especializados de derechos humanos, tanto nacionales, regionales o internacionales o de sus relatores en lo referido al pasado reciente.

Criterios a seguir para designar a la persona que encabece la Secretaría, según Crysol

En tanto, Grisoni dijo que en la reunión que mantuvieron con el gobierno electo, estos le consultaron si la asociación tenía una sugerencia de nombre para la designación de quien encabece la Secretaría para el Pasado Reciente. Si bien Crysol tenía algunos nombres, algunos de estos ya habían sido designados para otros cargos en el Ejecutivo, por lo que en la carta hacen hincapié en que no van a “suministrar” ni “sugerir” ningún nombre.

De todas formas, tal como indica la carta y mencionó Grisoni, la organización tiene cinco criterios a seguir para la designación. En primer lugar, que la persona sea “conocida y reconocida públicamente por su identificación y sus conocimientos de la temática del pasado reciente”, que cuente con una “trayectoria reconocida de los derechos humanos del pasado reciente y con compromiso militante” y “con experiencia verificable de gestión en organismos estatales”.

Por otro lado, para la asociación, la persona debe tener “sensibilidad” y “capacidad de diálogo” para relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, con “liderazgo y capacidad para actuar en equipos de trabajo”.

En último lugar, sugieren que quien dirija la Secretaría cuente con “disposición” y “experiencia” para vincularse “positiva y exitosamente”, de manera “profesional”, con los medios de comunicación.

Crysol presentará una petición ante la CIDH para que se pueda acceder a la Pensión Especial Reparatoria y a las jubilaciones y pensiones propias

En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó la solicitud de Crysol sobre inconstitucionalidad e inaplicabilidad de tres incisos del artículo 11 de la Ley 18.033 sobre la Pensión Especial Reparatoria (PER) que reciben las personas que fueron detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil, y que como consecuencia fueron privadas de su libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

Este artículo establece que quienes tengan jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios transitorios por incapacidad parcial no tienen derecho a percibir la PER a menos que opten por esta antes que las otras.

En 2022, Crysol decidió que se iba a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema, pero antes, como paso previo y ante la exigencia de “haber agotado las instancias legales de reclamación a nivel nacional”, se presentaron antes en la SCJ en 2023.

La intención que tiene la asociación con la CIDH es poder “llegar a un acuerdo amistoso con el Estado uruguayo”, que de acuerdo con Grisoni, “se debería concretar a través de una ley” para amparar a las aproximadamente 850 personas que se presentaron y al resto del colectivo. “Ese es el desafío para este año de la organización, entre otras cosas”, mencionó.