El Congreso Nacional de Delegados de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) en los últimos días emitió una declaración en la que ratifica su rechazo al Proyecto Neptuno y también exige la nulidad del contrato por considerarlo inconstitucional.

En la resolución se expresa: “Mantenemos y reforzamos nuestra postura en contra del Proyecto Neptuno. Consideramos que esta iniciativa no sólo atenta contra la gestión pública del agua, sino que no resuelve el problema de abastecimiento del área metropolitana. Seguiremos defendiendo un modelo de gestión transparente, público y en beneficio de toda la sociedad”.

Al respecto, el presidente de la FFOSE, Carlos Larrosa, dijo a la diaria que por este tema habrá asambleas en todo el país. “La suspensión del gobierno por 90 días la vemos como una oportunidad para enterrarlo. Lo que pasa con Neptuno es que cuanta más información recibimos, más en contra nos ponemos, porque es un proyecto ilógico, fuera del sentido común, es irrealizable”, consideró.

“Es un mal proyecto para el país, el modelo de negocio que se propone es nefasto y no va a traer ningún tipo de solución al abastecimiento en el área metropolitana. Esperamos con expectativa el tema de las de la renegociación con las empresas”, agregó el dirigente.

Larrosa dijo que, de todos modos, “hay un contrato firmado, y es entendible que el gobierno busque la mejor salida. Intentando no pagar rescisiones [de las] que en realidad no son responsables ellos. Lo entendemos. Lo que sí es nos nuestra postura sigue cambiada”.

Resolución del congreso

En la resolución sobre su último congreso, la federación declaró: “Sostenemos que el contrato debe ser declarado nulo ya que vulnera los principios fundamentales de la Constitución. Este acuerdo compromete el acceso al agua, un derecho humano esencial, y favorece intereses privados en detrimento del bienestar público”. Además, exige “que se respeten las normativas vigentes y se garantice una gestión del agua justa, transparente y en beneficio de toda la población”. A pesar de que el gobierno nacional suspendió por 90 días la ejecución del proyecto, para la FFOSE, “sigue siendo inconstitucional, incluso con modificaciones”, y reitera que “no cumple con lo establecido en la Ley [de Política Nacional de Aguas] 18.610. Exigimos que no se avance en su implementación hasta que sea debidamente consultado en el Consejo de Cuenca, con la participación de la población, tal como lo exige la normativa. La gestión del agua debe ser democrática, transparente y en función del interés público”.

Otro de los puntos resueltos fue solicitar una reunión con Presidencia, “con el objetivo de exponer nuestra postura respecto del Proyecto Neptuno, y conocer en detalle los posibles cambios que se plantean. Consideramos fundamental que este tipo de decisiones se tomen con transparencia y en diálogo con todos los actores involucrados, garantizando la protección del derecho al agua y el cumplimiento de la normativa vigente”. Esta solicitud está dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi.

La declaración advierte que si el Proyecto Neptuno sigue adelante con la gestión del agua bruta en manos del sector privado, “el gobierno saliente y el actual serán responsables de fomentar la precarización laboral en el sector”, y que “la privatización de recursos estratégicos no sólo atenta contra el acceso equitativo al agua, sino que también pone en riesgo la estabilidad y derechos de los trabajadores. Seguiremos en defensa de una gestión pública, transparente y con condiciones laborales dignas”.

Por su parte, y ante el anuncio del Plan Nacional para Riego impulsado por el Ministerio de Ganadería, la federación exige “la implementación inmediata del cobro de un canon por el uso del agua en actividades agrícolas. Consideramos que este recurso, fundamental para la vida y el desarrollo sostenible, debe ser gestionado con criterios de equidad y responsabilidad”. También reclama un aumento en los controles sobre los embalses y tomas de agua destinadas al uso agrícola, “garantizando que su explotación no comprometa el acceso de la población ni afecte el equilibrio ambiental”.

“Solicitamos que los fondos recaudados a través del cobro del canon sean destinados a OSE, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de agua potable para toda la ciudadanía. La gestión del agua debe priorizar el interés público y asegurar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras”, comunica la FFOSE.

Saneamiento

Con respecto al saneamiento, la federación advierte a la población sobre las serias implicancias del Plan Nacional de Saneamiento en su forma actual: “Si este plan continúa tal como está estipulado, generará un fuerte impacto económico en OSE, ya que en la actualidad no existe un presupuesto asignado que garantice su viabilidad”. “Denunciamos que los fondos adelantados al consorcio encargado de las obras aún no han sido debidamente justificados con avances concretos, lo que genera incertidumbre sobre el uso transparente de los recursos”, agrega.

Los trabajadores desmienten “la afirmación de que el plan abarcará el l00 % de las localidades. En muchos casos, las obras proyectadas no cubren la totalidad del territorio, dejando a varias comunidades sin acceso al saneamiento prometido. Exigimos mayor claridad y responsabilidad en la ejecución de este plan, así como la garantía de que OSE contará con los recursos”, concluyen.