El juez letrado de Concurso de 1° Turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso necesario de Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, ambas empresas que integran el grupo económico de Porfolio Capital, un fondo ganadero gestionado por Berrutti Negocios Rurales.

También solicitó como medida cautelar un embargo por 7,4 millones de dólares contra Berrutti y Argenti SA y Reina Vaca SA, que están vinculadas con Portfolio Capital, que tiene un pasivo estimado en 15 millones de dólares, según informó El País y confirmó la diaria.

El concurso necesario determina que se suspenderá “la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso” y se lo sustituye “en la administración y disposición de sus bienes por un síndico”. En un plazo de 60 días, los acreedores deberán presentarse en el juzgado para verificar sus créditos.

A mediados de mayo, la empresa envió una carta a sus inversores en las que señalaban que por la “fuerte presión” que existía en el sector y “luego de haber agotado los esfuerzos”, se encontraban en la “imposibilidad de hacer el pago de los dividendos” a los accionistas. A todo eso, señalaron que se sumaron “algunas dificultades e ineficiencias” en la “estrategia financiera y de gestión”, que asumían “como tales, en lo que nos corresponda, dando la cara”.

Los responsables de la empresa llamaron a los ahorristas a varias reuniones para comunicarles sobre la situación del fondo y presentarles un “plan de acción”. En una de esas reuniones, según supo la diaria, los responsables del fondo propusieron desarrollar un plan de pago a diez años, en montos anuales, hasta llegar a la totalidad del capital invertido.

Se estima que existen aproximadamente 400 damnificados y se han presentado más de una veintena de denuncias penales ante la Fiscalía. Los acreedores compraban acciones a la empresa y, en su mayoría, tenían contratos a cinco años. Ese dinero se invertía en ganado y se pagaba entre un 6% y 9% de interés anual.

En agosto de 2018, el Banco Central emitió un comunicado en el que advertía que habían tomado conocimiento “sobre la existencia de entidades que están ofreciendo instrumentos financieros al público en general, relacionados con el sector agropecuario, y sin estar registrados en la Superintendencia de Servicios Financieros ni los emisores ni los propios instrumentos”.

Luego de solicitar respuesta a los responsables de la empresa, el Banco Central determinó que se ha “acreditado una oferta pública de dichos valores al público en general a través de distintos medios de difusión masiva, dado que se invita al público en general a invertir en un negocio financiero con una renta fija que se instrumenta en la adquisición de acciones”.

Sin embargo, se constató que ni la empresa ni el producto están “inscriptos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros, por lo que no se cumplen con las condiciones previstas en la ley a los efectos de realizar oferta pública de los mismos”.