La resolución 2.327/2025 de la Dirección General Impositiva (DGI) fijó la reducción del impuesto específico interno (Imesi) que grava los combustibles al 28% para la carga de nafta en las estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros a los pasos de frontera con Argentina y al 27% con Brasil.

Lo anterior causó malestar entre algunos comerciantes y legisladores de departamentos fronterizos, principalmente del litoral, y contradice un informe que elaboró el economista del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Pablo Cortondo, en diciembre. El documento, al que accedió la diaria, consignó que –con descuentos del 33% y 27% para Argentina y Brasil, respectivamente, en ese momento– habría que mantener el porcentaje en el primer caso e “incrementar de 27% a 36%” en el segundo para obtener la paridad en los precios.

“El informe es claro: la paridad efectiva en la frontera se mantiene con 33%, no con 28%. Reducir el descuento del Imesi no fue un error técnico: fue una decisión para hacer caja. Más recaudación para el Estado, menos desarrollo para el interior”, escribió el diputado nacionalista por Paysandú, Fermín Farinha, en sus redes sociales. Evaluó que se trata de una “medida discriminatoria” que “castiga” a ciudades del litoral.

Farinha dijo a la diaria que se trató de una “publicación de último momento” y “no había sido notificado, no había sido comunicado y no se había hablado”, siendo que “el combustible en zona de frontera constituye los precios”, en el entendido de que funciona como un “precio ancla”. Además, se refirió a que en el litoral no se aplica la llamada Ley de Fronteras –ya que cuando se reglamentó se aplicó únicamente sobre ciudades fronterizas con Brasil–, lo que, “sumado al aumento tarifario, terminaba siendo un mazazo para la zona, con un criterio que entendemos totalmente discriminatorio”. “La medida no condice con la finalidad del decreto; nos pone justamente en una desventaja competitiva enorme”, terminó.

“La decisión de reducir el descuento al 28% no respondió a criterios técnicos ni territoriales, respondió a una lógica fiscal. Dicho con claridad: se buscó hacer caja”, indicó. Por lo anterior, decidió exigir “la inmediata corrección”. Evaluó que “no es la primera vez” que el gobierno “adopta medidas apresuradas que luego deben ser corregidas” y aseveró que, en este caso, la disposición coloca a Paysandú en “situación de desventaja competitiva”.

Por su parte, el diputado colorado por Salto, Horacio de Brum, fue a más y comentó a la diaria que “hay que volver al 40%, como estaba estipulado, porque la situación económica de Salto y la región está bastante deteriorada”. Sobre su departamento, dijo que tiene “un índice de desempleo que está por arriba de la media nacional” y “2.700 trabajadores –2.400 del citrus y casi 300 de la empresa Somicar– a los que les votamos los seguros especiales de desempleo y hasta ahora el Banco de Previsión Social (BPS) no ha hecho efectivos los pagos”.

“No es responsabilidad solamente de este gobierno. Soy integrante de la Coalición Republicana y siempre hay que hacerse una autocrítica y un mea culpa. Esto también viene de tiempo atrás. No me interesa si es un gobierno de izquierda o de derecha; los problemas en el departamento de Salto vienen desde hace años”, finalizó.

El tema entre legisladores y ediles

Farinha solicitó al diputado Pablo Abdala, correligionario y miembro de la Comisión Permanente, que trasladara la inquietud al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante su comparecencia de este miércoles. Sin embargo, según supo este medio, eso finalmente no ocurrió.

“No llegué a plantear el tema porque reglamentariamente no fue posible; el llamado a sala al ministro Oddone era específicamente para tratar el tema del Fonasa. Además, se comprimió bastante por la discusión previa sobre Venezuela”, explicó Abdala a la diaria. En sus palabras, con Farinha acordó que prepare “una exposición escrita con todos los detalles” y “reclamando al Poder Ejecutivo una revisión de esta decisión con fundamentos técnicos” y que se la haga llegar en las próximas horas para que la presente formalmente a la Comisión Permanente en el correr de la próxima semana.

Por otro lado, la Junta Departamental de Salto (JDS) realizó una sesión extraordinaria para abordar el tema este jueves y se aprobó por 24 en 25 votos una minuta de comunicación ante la medida que, entre otros, se remitió a Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la DGI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los ediles expresaron “profunda preocupación” por la decisión de la DGI y solicitaron que la medida sea “reconsiderada atendiendo al impacto económico y social que el aumento del precio de los combustibles produce en los departamentos del litoral”, además de reparar en la necesidad de conformar “instancias de diálogo con los gobiernos departamentales, los actores sociales y los representantes del sector comercial y productivo de la región” al diseñar políticas públicas.

La misiva señaló que el Imesi en el litoral tuvo una reducción previa del 40% al 32% y consideró que un nuevo recorte “profundiza una política de recortes sucesivos en un corto período de tiempo”. “La aplicación acumulada de estas medidas genera, a valores reales del combustible, un incremento significativo del precio final con impacto directo en el comercio local, el consumo interno, el empleo y, en definitiva, en la actividad económica del departamento de Salto y de toda la región del litoral”, consignó. Además, subrayó que es “especialmente preocupante” la “forma en que se instrumentó la medida” y valoró que la situación se ve agravada porque los departamentos del litoral “no han sido incluidos en la aplicación efectiva de la Ley 20.419”.

El voto en contra fue del edil frenteamplista Omar Pierlet. Planteó que, para criticar decisiones del gobierno, prefiere “hacerlo desde el propio Frente Amplio” y “luego de un estudio profundo y sereno entre frenteamplistas” que, según relató, ya se está realizando.

“Me parecería poco apropiado que cada vez que la oposición no estuviera de acuerdo con alguna disposición gubernamental, en la JDS se nos convocara a sesión extraordinaria de un día para el otro, prácticamente con carácter de grave y urgente, para invitarnos a ser partícipes de su desacuerdo”, aseveró.

“No vine a votar con mano de yeso una minuta redactada por otro partido en la que no tuve intervención alguna”, cerró.